La vida cambio en Bahia

Ya no es lo mismo. Todo cambió en Bahía de Caráquez a las 18:58 del 16 de abril pasado. La que antes era una ciudad activa y con un fluido movimiento comercial y turístico, ahora está apagada.

Casas derrumbadas. Edificios obsoletos. Condominios desocupados. Hoteles sin clientes y negocios sin ganancias. Es el ambiente de esta ciudad manabita, capital del cantón Sucre, que a más de 100 días después del terremoto no logra levantarse.

María Isabel Intriago Mendoza y su esposo Luis Genaro López levantaron unas paredes de caña para reinstalar lo que era su negocio, una tienda de víveres y un depósito de cerveza. Este se desplomó junto con su casa de tres pisos en el barrio de San Roque. La pareja, pese al desastre, quería continuar, pero sus esperanzas cada día son escasas. Si antes vendía 3.000 dólares a la semana, relata Intriago, ahora con esfuerzo consigue entre 300 y 500 dólares. “Quiero ponerme un negocio en Pedernales. Si las cosas me van bien aquí, no me voy”.

Esta esposa y madre de tres adultos no descarta migrar a otra ciudad o regresar a España, donde trabajó como ama de casa de quien fuera el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón. “No fui cachifa (empleada doméstica) de cualquiera”, replica la mujer entre risas como ocultando su pesar.

El alcalde de Sucre, Manuel Gilces, calcula que un 60 % de los habitantes abandonaron la ciudad entre temporal y definitivamente luego del terremoto. La población, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, supera las 26.000 personas. “Esto nos está perjudicando porque la actividad económica no se rehabilita. Instituciones públicas que le dan vida a la ciudad no están funcionando. Eso hace que no haya un interés o no exista el fluido de personas en la ciudad”, precisó el alcalde.

Parte del dinamismo de la ciudad estaba en el sector público, de lo que solo queda los terrenos vacíos. El edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones cayó. Lo mismo el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y parte del Municipio. El Servicio de Rentas Internas aún está en pie, pero con sus puertas cerradas. La Capitanía del Puerto está en proceso de demolición, mientras que el edificio del museo está destruido. El mercado está inhabilitado. Del sector privado, el Banco Pichincha está en proceso de demolición y el supermercado Tía está cerrado.

La otra cara de la complicada situación está en los albergues. Aún hay familias completas que viven en carpas, cubículos metálicos o bajo un pedazo de plástico sostenido por cuatro palos de madera o cañas. Mónica Quinteros, desde la noche del terremoto, perdió su casa en el barrio Pedro Fermín Cevallos y ahora vive en el parque Sucre, frente a la iglesia.

La ayuda ahora escasea. Ya no llega con la misma frecuencia que desde hace dos meses, relata la madre de cinco, oriunda de Guayaquil. También perdió su restaurante de comida vegetariana en el mercado de la ciudad. Improvisó un pequeño puesto de ventas de jugo de naranja al pie del parque. En un día bueno, dice, vende entre 3 a 5 dólares. En uno malo, nada. “No alcanza ni para la comida... Estamos esperando que abran el BanEcuador (antes Banco de Fomento) para ver si se mejora la situación”.

Son 48 familias las que viven en este improvisado albergue. Todos comparten un baño portátil (antes eran cuatro) y una ducha en uno de los terrenos baldíos donde en algún momento, antes del 16 de abril, estaba un edificio.

En el barrio Olenka Santos, uno de los siete de la zona alta (Astillero, Pedro Fermín Cevallos, San Roque, La Cruz, María Auxiliadora y Bellavista), más de una treintena de familias no pueden habitar sus casas. O están destruidas o corren el peligro de desplomarse por los daños estructurales y lo empinado del cerro. No obstante, levantaron un albergue en la misma zona con la donación de casas metálicas que habitan hasta dos familias.

Julio Acosta, morador del sector, reconoce que el terreno es zona de riesgo, pero “ya estamos enseñados”. El alcalde Gilces los conmina a aceptar la permuta del Gobierno para que reciban otra casa por parte del Ministerio de Vivienda. Pero los afectados no quieren. Acosta dice que son viviendas que no guardan las condiciones ni las mismas características de las actuales.

El Municipio pronto contará con un estudio del tipo de suelo de los barrios altos para explicar, con fundamentos, a los ciudadanos el porqué pueden o no continuar en esa zona.

En 60 días, estima el alcalde, terminar con las labores de demolición. Luego, cambiar las redes de distribución de agua a través de un convenio con Ecuador Estratégico. Este sería el primer paso hacia el nuevo Bahía que, actualmente, es una ciudad fantasma.