Una nueva arremetida de corrupción sufre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS. Se trata de una gran estafa que se habría producido mediante la adquisición de medicinas y otros insumos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos de Guayaquil por un monto que bordea los 137 millones de dólares.

Este caso, como lo ha señalado con detalle la prensa nacional, estaría lleno de irregularidades normativas (la utilización de convenios de pago en lugar de llamar a concurso) y de abultados sobreprecios.

La Comisión Nacional Anticorrupción -CNA-, cumpliendo su cometido pese a insultos y amenazas de oscuros intereses que estarían detrás de este negociado, ha sido frontal en denunciarlo y poner en mano de las autoridades toda la información para que procedan de modo acelerado y efectivo.

El IESS, que pertenece a sus afiliados y no al Estado, ya fue golpeado en el régimen anterior. El representante del Ejecutivo de entonces, a la cabeza de esa entidad, de vergonzosa recordación, Richard Espinosa, “licuó” (forma elegante de decir “estafó) la deuda oficial con aquella, sostuvo que no existía tal obligación y procedió, de manera inconstitucional y en contra de tratados internacionales, a eliminar el aporte estatal del 40 % para las pensiones jubilares, a más de asaltar varios fondos previsionales cuyo destino, en su mayoría, es incierto, para administrarlos con el Biess. Todo ello demuestra que para el correato el IESS era simplemente su “caja chica”.

El caso de los hospitales debe aclararse de inmediato. ¿Hay intereses políticos detrás de estos negociados? ¿La presencia de estos a través de prestanombres obedece acaso a grises pactos entre los “aprovechadores” y determinados funcionarios públicos?

El Ejecutivo, que tiene el control directo de la institución, puesto que su delegado es quien preside el Consejo Superior, debe explicar a la ciudadanía, en detalle, las razones por las que cosas tan delicadas se han manejado así.

La opinión pública dice ¡basta! Y los afiliados se preparan para responder.