El gobierno anuncia la intención de vender el Banco del Pacífico. Plausible. No solo porque permitiría ingresar recursos a la caja fiscal, sino que se terminarían distorsiones competitivas como aquella que le permite, por ser de propiedad del Estado, cobrar sus créditos por la vía coactiva (Código Monetario, disposición transitoria 36ª), prerrogativa que no tiene el resto de los bancos, lo que los pone en desventaja en caso de quiebras o crisis empresariales. No hay justificación para eso.

Candidatos a tener interés en comprar el Pacífico debieran ser, principalmente, grupos económicos de la región. Pero algunos de estos, como a diferencia del caso ecuatoriano no están impedidos de tener a la vez intereses en negocios financieros y no financieros, tienen, normativamente, la puerta cerrada para entrar al país. Una insólita reforma a la Constitución publicada en julio de 2011 bloquea su ingreso.

La primitiva Constitución de Montecristi, de 2008, recogió la antigua prohibición legal de que los bancos sean dueños de negocios no financieros (art. 312). Eso está muy bien. Pero la reforma de 2011 amplió irracionalmente ese impedimento extendiéndolo a los “directores y principales accionistas” de los bancos. Esa norma no solo desestimula que empresarios con gran experiencia acepten formar parte de los directorios. Impide también que gigantes regionales se interesen en el negocio bancario ecuatoriano, v.gr. comprando el Pacífico, por tener ya otros negocios comerciales, no bancarios, en el país (se me vienen rápidamente a la mente uno chileno y otro peruano, sin descartar otros).

A más de, como puede verse, absurda e inconveniente, la reforma de 2011 restringió un derecho fundamental reconocido en la propia Constitución, el de la no discriminación, cuestión que ni por reforma constitucional puede hacerse, por ser regresivo de derechos (Constitución, arts. 11, 4º, y 84).

Así están ahora las cosas. Bien haría entonces el Gobierno, mientras elige al banco de inversión que valore el Pacífico, en ir pensando en una demanda de inconstitucionalidad.