La oleada migratoria venezolana se ha convertido en un problema que no solo afecta a los países vecinos y cercanos sino a toda la región. Es un fenómeno de múltiples aristas. Genera situaciones de angustia para los miles de desplazados que, en circunstancias desesperadas, deben abandonar su suelo en busca de posibilidades de sobrevivencia; produce serias dificultades en los territorios por donde transitan debido a que sus gobiernos centrales y locales no están en condiciones de afrontar las múltiples y variadas necesidades de alimentación, servicios, salud, etc.; impulsa reacciones estatales no siempre articuladas con el carácter global de las circunstancias -la exigencia de pasaportes- y genera, lo que es más patético y doloroso, actitudes de xenofobia y rechazo.

Tales efectos pretenden ser controlados a través de medidas unilaterales inicialmente, pero se observan señales de que serán afrontados de manera colectiva gracias a ciertas iniciativas como la adoptada por el Ecuador al convocar para mediados de septiembre a una reunión de cancilleres. Sin embargo, y pese a esos esfuerzos, no se ha planteado hasta ahora la necesidad de atacar el núcleo del problema, la fuente de estos traumáticos eventos, la razón última del doloroso acontecimiento. La causa es, no cabe duda, la presencia del oprobioso régimen de Maduro en Venezuela.

Los pronunciamientos de la OEA, las apreciaciones críticas de otros organismos internacionales, la creciente convicción de que no se puede negociar con ese dictatorial y totalitario gobierno, son pasos que deben tener una continuidad efectiva y contundente. Al aislamiento de ese resquicio pestilente del chavismo deben sumarse acciones orientadas a enjuiciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad y a Diosdado Cabello por su inocultable vinculación con el narcotráfico y, sobre todo, a apoyar de modo militante y práctico a la oposición y al pueblo venezolano.

Nunca como ahora cobra vigencia la Doctrina Roldós, fundada en la convicción de que por sobre todo están los derechos humanos.