Solo faltó un letrero que diga: ‘Se vende droga incautada al menudeo’. Eso fue lo único que no hizo un grupo de policías comunitarios que: con el uniforme y con la utilización de una patrulla, presuntamente intentaron expender cerca de un kilo de cocaína que guardaban en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

Algo que bien podría entrar en el libro de ‘Aunque usted no lo crea, de Ripley’, descubierto en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, luego de la detención de siete uniformados que -desde ayer- enfrentan un proceso con orden de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes a alta escala.

Un inaudito caso que salió a la luz tras un operativo de rutina realizado -el pasado domingo- en la avenida Fray Vacas Galindo y Salvador Dalí, de Ibarra, donde se detuvo a un primer gendarme.

Según la fiscal Sandra Quinteros, el uniformado se encontraba en un vehículo color plomo con vidrios polarizados, en el que se descubrió una funda plástica que contenía 983.3 gramos de cocaína, oculta en el espaldar del asiento posterior.

De forma libre y voluntaria, asegura la investigadora, el policía les contó que al otro lado de la calle estaba estacionado un patrullero de placas IAE-1039 en el cual habían otros gendarmes que esperaban realizar la negociación de la sustancia ilegal.

Tras la confesión, personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) desplegó un operativo que alarmó a los habitantes del sector. Dos policías más fueron detenidos en el sitio. Luego se sumaron otros cuatro, quienes -según el primer detenido- eran los que le habían entregado la funda con droga.

La cocaína, que -según el ministro del Interior, José Serrano- fue decomisada el día anterior a un microtraficante que dejaron libre, la habían escondido en la lavandería de la UPC Arcángel, donde los implicados prestaban servicio comunitario; entre eso, contra el microtráfico.

El primer contacto para la venta del estupefaciente se realizó el sábado 13 de febrero, cuando uno de los involucrados -supuestamente- llamó al celular del policía confeso para preguntarle si conocía a alguna persona para venderle la droga.

Luego, otro de los policías le envió -vía Whatsapp- fotos del alcaloide y después un cuarto policía le mandó el número celular de un hombre que se dirigió a otra UPC para ver el alcaloide y que, incluso, tomó un poco y se la llevó.

El precio habría sido pactado en 700 dólares, pero no se concretó la venta.

El dinero iba a ser repartido entre todos los policías de la UPC Arcángel. Al confeso le iban a dar 30 dólares, pues había más involucrados.

Sin embargo, según dijo el sospechoso a la fiscal, sus compañeros le habrían ofrecido 5 mil dólares para responsabilizarse de todo, pero les dijo que no podía porque ya habían incautado su celular, donde -al parecer- hay evidencia del ilícito negocio.

El uniformado habría instalado un programa y presuntamente grabó las conversaciones con los demás compañeros.

También guardó los mensajes que había recibido. La Fiscalía pidió a Criminalística hacer una pericia de audio y vídeo para recabar más pruebas.

En la audiencia de flagrancia, el juez Mauricio Cahueñas ordenó la prisión de los uniformados, en medio del descontento de sus defensores, quienes argumentaron que a sus clientes no les encontraron nada.

El abogado del policía confeso dijo que él colaboró en todo momento.