Benigno Valdez tiene 86 años de edad; José López, 81; Domingo Palma, 88; y Antonio Briones, 90. El primero se muestra aún con fortaleza para hablar y caminar, los demás casi no escuchan. Hablan pausadamente y en tono bajo, y su andar es lento; pero todos están firmes en sus reclamos.

Los cuatro se conocen desde hace más de 40 años, pero hace una década comparten una lucha legal que -la mañana de ayer- los llevó junto con otros excompañeros jubilados a exigir justicia en la plaza de la Merced, frente a la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil.

Ellos son miembros de la Asociación de Jubilados de la antigua Cemento Nacional (hoy Holcim), quienes -hace aproximadamente diez años- presentaron una acción constitucional por el pago de sus jubilaciones, amparados en la Ley de Jubilación especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento’ conocida también como Ley 19, aprobada en 1989.

“Tenemos cerca de diez años con este problema. La Corte Constitucional determinó por unanimidad que se nos tenía que pagar cerca de 90 millones de dólares, la empresa pidió ampliación y aclaración. (Un peritaje) determinó que se nos tiene que reconocer 65 millones”, explicó Ángel Mendoza, presidente de la Asociación.

El abogado Juan Vizueta Ronquillo, defensor de los jubilados, señala que el proceso regresó al juzgado de origen con la finalidad de que se ejecute el pago, pero se ha generado una serie de dilaciones.

“La jueza que conoce el caso dispuso dos pericias que puedan establecer el monto real. Dos peritos establecieron un monto similar al que la Corte había fijado. Sin embargo, de la noche a la mañana, la jueza cambió de opinión”, dice Vizueta.

Lo que ven más grave, y que los llevó a realizar un plantón afuera de la Fiscalía, fue conocer de una supuesta injerencia en la último perito.

“La perito ha llegado a señalar que recibió mensajes por parte de la jueza, con la finalidad de direccionar el informe que tenía que realizar”, señala el abogado. Eso los llevó a presentar una denuncia en la Fiscalía, para que se investigue ese presunto hecho.

Pero, un último peritaje bajó el monto del pago exigido, de 65 a 3 millones de dólares, para 170 jubilados de un total de 320 que inicialmente presentaron la demanda.

“En la lucha han fallecido 150 jubilados por diferentes enfermedades: problemas respiratorios, más que todo por cáncer”, revela Mendoza.

José López espera que les paguen antes de que sigan muriendo más compañeros. A sus 81 años, seis meses y un día de edad -como dice-, y operado de corazón abierto, confía en que la muerte no le ganará la batalla antes de recibir ese beneficio por 33 años de trabajo.

Víctor Valdez tampoco quiere que llegue el fin de sus días sin antes conseguir justicia, y se respeten sus derechos por 40 años de labores. Si bien es uno de los octogenarios más lúcidos, la larga lucha legal está quebrando su ánimo.

“No hay confianza en la justicia, seguridad. Eso ha resquebrajado mi ánimo”, apunta.

A Raquel de Garzón tampoco le parece justo lo vivido. En los 35 años que cumplió en la empresa como trabajadora social, sostiene que conoce la realidad de la vida de cada uno de los trabajadores ahora jubilados.