Urgencia de la transicion en Venezuela
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su gobierno han arruinado a su país. Dicen ser redentores de los pobres y proclaman su voluntad para luchar por su “abnegada” causa bolivariana, pero rechazan la asistencia internacional, obligando a los venezolanos a sufrir, emigrar o morir debido a una enorme escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos. Urge poner freno a la destrucción de Venezuela si se pretende restablecer su viabilidad como Estado y sociedad. Aquello exige un nuevo gobierno de legitimidad incuestionable, resultado de elecciones presidenciales libres y justas antes de que termine el año, según lo fija la Constitución. Pero Maduro y sus socios no dimitirán así como así, pues perder el poder les significaría prisión en EE. UU. por tráfico de drogas, o en La Haya por delitos de lesa humanidad, acusaciones ya corroboradas por fiscales de EE. UU., la OEA y sus expertos independientes, y el Alto Comisionado de NN. UU. para los DD. HH. El régimen se ha vuelto aún más desafiante y agresivo. Ha interrumpido todos los “diálogos” para alcanzar la paz en Venezuela y en mayo llevó a cabo una elección presidencial espuria. Más del 70 % del electorado boicoteó la votación fraudulenta, haciendo caso a la oposición venezolana y a prácticamente todos los gobiernos democráticos del mundo. La inocultablemente amañada elección dio la victoria a Maduro para un segundo mandato de seis años. Hoy se esfuerza por establecer una dictadura cada vez más autoritaria, con ayuda de una nueva “Constitución” que una Asamblea Nacional Constituyente elegida fraudulentamente aprobará en breve. El referendo volverá a ser organizado por la autoridad electoral controlada por el régimen. Su intento desvergonzado y desesperado por monopolizar el poder indefinidamente se topa con una creciente presión de la comunidad internacional, que ha verificado la gigantesca corrupción, las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, y que hoy reconoce que el principio de no interferencia en los asuntos internos de los países ya no es aplicable. El representante peruano en el Consejo de DD. de NN. UU. -con respaldo de 53 Estados miembros- condenó al régimen venezolano por perseverar en sus conductas ultrajantes. Al rechazar la asistencia humanitaria internacional, el régimen de Maduro reconoce que mantiene intencionalmente la crisis como herramienta de represión. También sigue desafiando la Carta Democrática Interamericana de 2001. Por tanto, se ha hecho indispensable un “fondo fiduciario de recuperación”, muy similar al que se estableció en Siria, para que más venezolanos se queden en sus hogares, protegiéndolos a la vez de la política del régimen para empeorar su difícil situación. Una transición negociada debe incluir un programa de erradicación de la pobreza, y una ley sobre justicia transicional y reconciliación nacional que lleve ante la justicia a quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos y otros crímenes, inhabilitándolos para todo tipo de actividad política. Una vez establecido un nuevo gobierno democrático, las misiones en el terreno de la ONU y la OEA deberían ser vistas como “muletas’ que respalden al país en su retorno a la democracia y el desarrollo. Asimismo, es urgente reformar el sistema judicial para garantizar la democracia.
