La Universidad de Guayaquil ha vivido momentos difíciles en su historia. El 29 de mayo de 1969, la Casona de la calle Chile fue atacada por la fuerza militar y murieron decenas de estudiantes y gente del pueblo. Ese trágico desenlace obedeció a una lógica militar del poder, incapacitada de resolver conflictos de otra forma que no sea la fuerza.

Estudiantes secundarios, apoyados por universitarios, se movilizaron por la supresión de los exámenes de ingreso, considerados obstrucción elitista para que los jóvenes de estratos bajos accedieran a sus aulas. En esa oportunidad, lo que ocurría en otras partes del mundo influyó en nuestro medio y otorgó legitimidad a la convicción juvenil de ser la gestora de grandes cambios y transformaciones. El Mayo francés del 68 y la matanza en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) en la capital mexicana, fueron factores de motivación que estuvieron presentes en ese momento de crisis sufrido por nuestra ‘alma mater’. En la década de los 70, se implantó un escenario de inseguridad y miedo en el que el grupo Atala descargó, de manera cotidiana, violencia y agresión contra quienes fueron calificados como “sus enemigos”.

De esta crítica situación parecía haber salido la universidad más grande del país. Sin embargo, y como producto de la política clientelar que el correísmo aplicó con el objetivo de ganar terreno en la comunidad universitaria, armar sus filas de adeptos y arrinconar a las voces disidentes, se reimplantó una realidad que ha carcomido la institucionalidad de este centro de estudios, ha dejado por el suelo las exigencias morales y ha convertido su dinamia interna en una suerte de choque y confrontación “mafiosa”.

La decisión del Consejo de Educación Superior de intervenirla, es muy oportuna y necesaria. El equipo llamado a afrontar este difícil panorama, presidido por un profesional experimentado y capaz, debe contar con el irrestricto concurso de estudiantes, profesores y personal inscritos aún en las filas de la dignidad, y con el frontal apoyo de la colectividad.