Las tramas de corrupción por Odebrecht, Petroecuador y Sobornos 2012-2016 han dejado al menos 112 expedientes abiertos por la Fiscalía.

La mayoría se encuentra en investigación previa, según información estadística proporcionada por ese organismo. Los delitos en los tres casos son similares. Por ejemplo, en los expedientes por presunta corrupción en Petroecuador existen 37 causas: 19 son por peculado, ocho por tráfico de influencias, cinco por posible enriquecimiento ilícito, uno por destrucción de registros, tres por cohecho, uno por lavado de activos.

De ellos, en tres causas de peculado, uno de tráfico de influencias, y otro por cohecho, hay sentenciados. Entre ellos los exgerentes de Petroecuador Álex Bravo, Marco Calvopiña, el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, entre otros. Además hay un pedido de archivo.

En Sobornos 2012-2016 están en marcha 22 expedientes. Cuatro por posible concusión, cuatro por lavado de activos, cuatro por tráfico de influencias, seis por cohecho, uno por peculado, uno por enriquecimiento privado no justificado y uno por posible enriquecimiento ilícito. Todos están en fase de investigación previa.

La primera sentencia se obtuvo en contra de 20 sospechosos de integrar una estructura delincuencial liderada por el expresidente Rafael Correa, su grupo cercano de colaboradores y al menos 10 empresarios o representantes de empresas contratistas del Estado.

La mayor parte de expedientes por al menos ocho delitos contra la eficiencia de la administración pública se abrieron en el caso Odebrecht con al menos 53 causas.

Son 18 casos por posible lavado de activos, 12 por presunto cohecho, cinco por peculado, cuatro por concusión, seis por tráfico de influencias, dos por defraudación tributaria, dos por delincuencia organizada y uno por asociación ilícita. Hay 48 investigaciones previas, tres instrucciones fiscales, un caso en apelación por la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Pichincha sobre la ratificación de la inocencia de tres procesados. En otra causa, la Corte Provincial dictó la revocatoria del auto de nulidad y ordenó que siga la sustanciación del proceso, informó la Fiscalía. Al momento, el proceso está en la sala de sorteos para que una sala de lo Penal avoque conocimiento sobre la apelación presentada.

Ruth Hidalgo, de Participación Ciudadana, señala que la apertura de las investigaciones es un paso importante, el problema es la judicialización posterior.

Destaca que existen muchos casos abiertos, “pero esos esfuerzos de la Fiscalía muchas veces quedan en nada cuando el sistema judicial, plagado de jueces que no son probos, obvian pruebas y encausan por delitos menores. Consecuentemente los implicados terminan con sentencias bastante blandas”. Añade que eso es fatal porque la señal que mandan a la sociedad es de fortalecimiento de la impunidad.

El jurista Juan Pablo Albán opina que cuando se trata de casos con alta carga política las probabilidades de un resultado positivo, con una justicia objetiva, debido proceso y otros, están comprometidos por los momentos políticos.

En esas circunstancias señala que se abrieron los procesos “porque de esta forma hacían su bulla de una lucha contra la corrupción”. Pero manifiesta que “abren los procesos de investigación sin contar con suficientes elementos como para luego formular cargos contra alguien y sostener una imputación”.

Albán piensa que la probabilidad de que se avance en esas investigaciones es baja. Insiste en que la Fiscalía tiene que entender que una investigación previa no es una simple ejecución mecánica de un montón de pasos a efectos de cumplir formalidades y decir yo sí investigué.

Manifiesta que la Fiscalía debe ser realmente diligente en la búsqueda de la verdad, pero que “lo que hace es cálculos políticos”. Por eso no cree que se pueda avanzar a resultados reales, positivos en el marco de esas investigaciones “porque el condicionamiento político que al momento se vive, por el escenario preelectoral seguramente significará que la justicia se ponga de rodillas ante el siguiente nuevo líder”.

David Acosta fue uno de los defensores de Alberto Hidalgo en el caso Sobornos 2012-2016. Opina que el problema central es que se ha subestimado, por parte de Fiscalía, el verdadero valor que tiene la investigación previa, “las que han sido guiadas por factores políticos, lo que ha convertido a esos expedientes en cortinas de humo de problemas mayores (y no exclusivamente en los delitos contra el Estado, el caso Ola Bini es una muestra clarísima)”.

Menciona que la investigación previa recoge los elementos que sirven para formular cargos, y esta debe ser llevada de forma tan impecable que admitir hechos en contrario sea sumamente difícil.

Para el defensor es el resultado, fallas enormes en los delitos imputados, errores en derecho, violaciones al debido proceso, estos errores deslegitiman la lucha contra la corrupción, porque no se trata de hacer sino de hacer bien, sin las fallas de las que nos quejamos en tiempos pasados, para que no quede duda de que hay justicia y no vendetta política, que es el pan de cada día, concluye.

Reparaciones

La Procuraduría impulsa acciones para la recuperación de activos por 103’775.298,69 dólares por ocho casos de corrupción.

Delitos

Peculado, cohecho, concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito son delitos en los que se ha sentenciado a más de medio centenar de personas.

Responsables

Los obligados a devolver recursos son Álex Bravo, María Sol Larrea, Carlos Pareja Yannuzzelli, Pedro Delgado, Alecksey Mosquera, Rafael Correa, Jorge Glas, entre otros.