La oferta se da en función de la demanda. El requerimiento de atención para tratar la adicción a las drogas en Guayaquil es muy alto y va en ascenso. Y ante la escasez de centros públicos capaces de albergar a los miles de consumidores de la ciudad, y por los elevados costos de las clínicas de rehabilitación privadas, el servicio ofrecido en sitios clandestinos se ha vuelto la opción más viable. Estos centros de “rehabilitación” improvisados se han multiplicado en los últimos años, disparando los riesgos derivados de la informalidad con la que operan.

Un incendio sacó el tema a la luz. La desesperación de las familias frente al estado de postración de sus seres queridos las lleva a internarlos con la esperanza de lograr revertir la adicción, sin reparar en que por su condición de ilegalidad, estos establecimientos incumplen reglas básicas de seguridad y aplican procedimientos alejados de la ortodoxia científica.

Actualmente la ciencia ofrece métodos que permiten a las personas controlar el consumo de estupefacientes. Pero prácticas rudimentarias como el encierro, utilizadas para “superar” el síndrome de abstinencia, pueden incluso resultar mortales. Asimismo, la precariedad de las instalaciones de estos centros ilegales, expone a los internos a peligros innecesarios que se potencian cuando ocurren siniestros o desastres naturales.

Un adecuado proceso de recuperación ayuda a contrarrestar los efectos destructivos de la droga en el cerebro, las alteraciones en el comportamiento y a recobrar el control de las decisiones. La proliferación de centros informales ha sido la respuesta a la creciente necesidad de la sociedad guayaquileña de contar con una oferta mayor de clínicas de rehabilitación a valores accesibles, donde se logre este cometido. Y es además, la evidencia de la magnitud de la preocupante realidad de la adicción creciente a los narcóticos, de adultos, jóvenes e incluso niños, víctimas del microtráfico. La situación amerita la revisión de la tabla de consumo de drogas, la incorporación de este tema a un plan de seguridad ciudadana nacional que más allá de combatir, trabaje también fuertemente en la prevención. Y por supuesto, la creación urgente de más centros donde se dé tratamiento adecuado a los trastornos por consumo de estupefacientes a valores que puedan ser cubiertos por las familias de escasos recursos.