El camino del futuro de Guayaquil tiene un organigrama complejo. Ninguna decisión del Cabildo llega hasta la mesa de la sesión del Concejo sin que haya pasado por alguna o varias de las 14 direcciones operacionales.

De allí salieron, como ejemplos recientes, la ordenanza de Urdesa, el incremento del pasaje, congelado por más de doce años, y saldrán otras determinaciones que se encuentran en proceso, como la construcción de la aerovía, la del puente de Samborondón y el macroplan a largo plazo para el lote de 200 hectáreas que ahora ocupa el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo.

José Miguel Rubio, cabeza del departamento de Urbanismo, una de las áreas más activas en lo que respecta a proyectos ejecutorios, explica el proceso detrás de las rutas que determinan el futuro de Guayaquil.

Su competencia y otras, principalmente las que pertenecen a la Comisión de Ordenamiento (compuesta también por los jefes de Justicia y Vigilancia y Uso de Espacio y Vía Pública) cuentan con subdirectores que tienen una labor ciento por ciento operativa.

Estas subdirecciones realizan inspecciones y estudios puerta a puerta. Entregan informes de esos análisis a los jefes de área y estos, a su vez, generan sugerencias, que luego son analizadas con el alcalde, el procurador y los concejales. Toda decisión conlleva un complejo mecanismo.

Los directores se reúnen cada semana con el alcalde, para coordinar las acciones con entidades fuera del Cabildo que estén involucradas en el tema a tratar, como ATM y Metrovía, en el caso de tránsito.

Hay otro protagonista fuera del Municipio: el ciudadano. En Guayaquil existe una ordenanza que marca las reglas de esta participación y que ofrece varias vías para involucrarse en la toma de decisiones, como citarse con las autoridades. Para la ordenanza de Urdesa, hubo reuniones con colectivos profesionales y ciudadanos involucrados, como la Cámara de Construcción y la Asociación Cívica y Cultural de Urdesa.

Su participación es ley. Está respaldada por la Constitución. En el caso específico de los municipios, la avala el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que es el que la regula, explica el legista y asesor político Javier Vélez.

Esa norma también contiene una figura denominada la silla vacía, que faculta a un representante de la ciudadanía a participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general, que sean competencia de resolver por el Concejo Municipal y que consten expresamente en la convocatoria del orden del día, agenda que llevan semanalmente los ediles municipales. En dos años, la silla no se ha usado.

¿Por qué? Dice el concejal Carlos Luis Morales, de Centro Democrático que esto ocurre porque la gente no se involucra en los temas que le competen. Él cree que los ciudadanos desconocen su poder.

En 2010, César Cárdenas, el presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, se sentó en la silla vacía para pedir que el Municipio asuma la responsabilidad del agua potable y el alcantarillado, en lugar de mantener la figura de concesiones. Tuvo voz, aunque esto no representó nada más que una opinión distinta en la sesión.

Otros, en cambio, no han tenido audiencia aún. Diane Rodríguez, transexual y presidenta de la Fundación Silueta X, quiso participar en 2014 en la ordenanza antidiscriminación, pero no fue aceptada porque no estaba en la agenda.

Cárdenas cree que en decisiones importantes, como el futuro del terreno del aeropuerto, es necesario también tomar en cuenta al ciudadano. “Fundaciones como Siglo XXI y entidades como la Autoridad Aeroportuaria reciben fondos públicos pero no consultan con este sus resoluciones”.

El director de Urbanismo no está de acuerdo con esa postura, pues afirma que hay otras formas de socialización de las decisiones que se practican a diario.

“Hablamos constantemente con la comunidad, nos empapamos de problemas específicos, vamos a los lugares y nos guiamos también por las solicitudes hechas en la prensa”. De alguna forma, esto también incluye al ciudadano en todo el organigrama de la agenda decisiva.

Los concejales son otro escalón en el trayecto a la aprobación de las distintas medidas. Organizan asambleas barriales donde escuchan las sugerencias de la ciudadanía y luego también crean informes para pasar sus dudas al alcalde, en mesas de trabajo que pueden durar una tarde.

Una vez analizadas todas las perspectivas de una nueva acción ejecutoria, el Cabildo lleva hasta la sesión del Concejo Municipal los documentos para un último análisis. Esta fase suele extenderse si existen concejales que tienen observaciones o sugerencias.

Por ejemplo, la ordenanza de Urdesa fue aprobada en tercer debate el 8 de septiembre, y el alcalde decidió que quede sin vigencia por un periodo de 45 días, para ajustar detalles y tener tiempo de armar una campaña informativa para el sector ciudadano al que le compete la norma.

La ley

La Constitución establece la autonomía administrativa, funcional y económica del Cabildo. De ahí, las formas de trabajo.