Un mes ha pasado desde que el Gobierno nacional presentó en la Corte Constitucional (CC) las siete preguntas (cinco para referéndum y dos para consulta popular) para que se analice la constitucionalidad de las mismas y poder someterlas al pronunciamiento de los ecuatorianos.

El trámite ha avanzado a paso lento, a pesar de la insistencia del Gobierno de que es un tema prioritario.

Recién el próximo martes, el pleno del organismo constitucional hará un sorteo de las causas pendientes. Entre ellas están las dos preguntas de la consulta popular, acerca de la eliminación de la Ley de Plusvalía y la ampliación de 50 mil hectáreas de la Zona Intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte de la explotación petrolera en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini).

Estas aún no tienen un juez ponente, pues estaban en estudio dos pedidos de aclaración, que la Corte negó.

El 18 de octubre se conoció que las cinco preguntas del referéndum enmarcadas en una reforma a la Constitución serán analizadas por la jueza ponente, Tatiana Ordeñana. La jueza constitucional deberá elaborar un informe que será sometido a conocimiento y aprobación del pleno de la Corte, que tendrá otros diez días para tomar una decisión.

Con el sorteo del martes se conocerá al juez o la jueza que tramitará estas preguntas. En ese momento empiezan a correr los 10 días (término) para que presente el informe al pleno.

Desde el Gobierno ya hay resignación. Existe la seguridad de que los ecuatorianos irán a las urnas el próximo año. Para la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, un pronunciamiento de la Corte se sabrá a finales del presente mes.

Objeciones a tres preguntas

Los recursos de amicus curiae a las preguntas del referéndum y consulta popular propuestas por el Gobierno en la Corte Constitucional siguen presentándose por parte de varios sectores. Sin embargo, tres preguntas son las que más cuestionamientos tienen. La reelección indefinida, porque se estarían violando derechos; el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque el Ejecutivo nombraría a un consejo de transición; y lo referente al tema ambiental. Los sectores piden ser recibidos para argumentar sus discrepancias.