Desde que el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, aseguró que la asambleísta Sofía Espín visitó a una exagente de la Senain en el Centro de Rehabilitación Social de Chillogallo, “burlando todos los controles”, ella lo ha desmentido e insiste que no fue así. El tema ha sido llevado a debate en la Asamblea Nacional.

Este 3 de octubre, Granda en una entrevista con Ecuavisa, dio detalles de las consecuencias que le esperarían a la asambleísta en caso de que se demuestre que se saltó ciertos filtros. El ministro dijo que ella no estaba registrada ni autorizada para ver a Diana Falcón, testigo protegida del caso Balda.

Se trata del proceso que se investiga por el supuesto secuestro del activista político ocurrido en Colombia en 2012. Las sospechas se generaron porque Espín realizó esta visita, que calificó de “humanitaria”, en compañía de Yadira Cadena, quien se presentó el 27 de septiembre pasado como parte del equipo de la defensa de Rafael Correa, vinculado también a este caso.

Parte de las pruebas que asegura tener Granda de cómo se efectuó esta visita que considera irregular, estarían en los videos del Centro de Atención Prioritario Femenino de Quito.

Por lo que reafirmó la disposición del Gobierno Nacional para comparecer ante la Asamblea Nacional en caso de que se estime necesario, para explicar lo ocurrido.

Sin embargo, la legisladora señalada no da crédito a lo dicho y escribió desde cuenta de Twitter que esto es “parte de un show y cortina de humo para no tratar los temas que realmente importa al país”.

Espín es miembro de la bancada correísta, ahora bajo el movimiento Revolución ciudadana, desde donde le mostraron apoyo con hashtags como #EstamosContigoSofía y #BastaDeMentiras