El protocolo que ejecuta el Estado en escenarios de violencia contra mujeres donde los principales involucrados son funcionarios públicos, deja entrever incongruencias; esas que marcan una línea de impunidad en las investigaciones y permiten la fuga de los implicados. Muestra de ello, la reciente denuncia pública de los padres de Naomi Arcentales, hallada sin vida en diciembre de 2020 por su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo;  quien ha sido acusado por la familia de Naomi como su asesino.

Ha transcurrido más de un año del hecho, y la defensa de Naomi asegura que pese a existir las pruebas necesarias para presumir que la muerte de Naomi fue un femicidio, las autoridades no han formulado cargos en su contra. Es más, su madre, da certeza que hay fotos que revelan que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada.

A este caso, se suma el de Brenda, una estudiante de medicina que denunció en 2008 que tres funcionarios del hospital de la seguridad social en Portoviejo, donde cursaba el internado de la carrera de radiología, la violaron. En primera instancia fueron los procesados fueron declarados culpables, pero tiempo más tarde, fueron absueltos luego de que la defensa de los procesados apelara a la sentencia.

Los tres acusados por Brenda de la violación, siguen libres y se han desempeñando como funcionarios en el sistema de salud con normalidad. Pese a que la víctima, ha presentado su declaración y pruebas en varias instancias legales para demostrar que fue víctima del abuso.

Asimismo, el lento proceder de las autoridades para capturar al esposo de María Belén Bernal, teniente en servicio activo de la Policía Nacional; quien pese haber sido señalado como pieza clave de la investigación y sospechoso, no fue detenido ni se le formularon cargos hasta después de cinco días. Hoy está prófugo. 

Para Mayra Tirira, coordinadora legal de Surkuna, en estos casos, en los que hay funcionarios de por medio, debe primar la imparcialidad y la celeridad. Sin embargo, dice que esto es una deuda que tiene el Estado, al no contar con una justicia especializada que resuelva con imparcialidad las investigaciones del proceso.

“Le garantizo que si buscan cómo iniciar un proceso disciplinario en contra de un fiscal, no van a encontrar un formulario o algo rápido que lo permita. La Policía Nacional implementó un sistema parecido, pero no funciona”, argumenta Tirira.

Jacqueline Veira, miembro del equipo legal del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), considera que estos escenarios se desprenden de un problema estructural institucionalizado que responde a la inseguridad jurídica. La misma que, a su parecer, no puede estar a merced de intereses particulares.

Además añade que “el Estado debe garantizar los derechos de las mujeres, para que no vivan en violencia. Como también debe formar a los servidores públicos y hacer un seguimiento para constatar que estos cumplan con las normas y protocolos”.