Las sirenas enmudecen

El sol remoloneaba a lo lejos. Washington Sigüenza, presidente del comité barrial, agarró la mochila de su nieta, que aún estaba dentro de la casa, y abrió el maletero. No le dio tiempo a cerrarlo. Tres individuos con cascos, a bordo de dos motocicletas, frenaron en seco a su lado y lo encañonaron: “Amenazaron con matarme si gritaba. Así que les entregué el celular y la billetera”. Perdió 420 dólares.

En la casa de enfrente, Víctor Peñafiel no podía observar a su amigo, pero sí escuchaba los insultos y vejaciones de los criminales. “Si hubiera tenido la alarma, la habría activado”, apunta impotente.

Tras el golpe, los delincuentes se detuvieron junto a otra vivienda, donde un morador chateaba plácido a través de su teléfono móvil. Pero el hombre no cedió a sus pretensiones, ni siquiera cuando uno de los malhechores “disparó al aire”. Aquellos tipos actuarían ese mismo día contra “dos personas más” de los alrededores.

Los vecinos de Sauces 2, norte de Guayaquil, contemplan “con zozobra” cómo los asaltos y robos han regresado a una ciudadela que centró la atención del país en agosto de 2011 por su implicación en la lucha contra las bandas. “Hemos vuelto al punto de partida”, lamenta Sigüenza. “Yo mismo veo cómo los ladrones andan patrullando por acá”, precisa a EXPRESO José Wilder, otro miembro del colectivo.

Hace cinco años y medio, implantaron un peculiar y económico sistema de sirenas callejeras y alarmas con fondos propios. Previo abono de 30 dólares por usuario, una compañía de seguridad instaló interruptores en cincuenta hogares, similares a los de la luz.

Cuando los presionaban, las cinco bocinas colocadas en los postes eléctricos de la avenida 16 A resonaban como si anunciaran un inminente ataque aéreo. El estruendo servía también para alertar a los agentes, cuya UPC se encuentra a unos 150 metros de la vía.

En 2013 decidieron perfeccionar el método. Los viejos botones dieron paso a íconos de una aplicación de celular, que todos los miembros de la familia podían descargarse, y las alarmas se conectaron a las dependencias policiales. De modo que al pulsarlos, no solo tronaban las sirenas, sino que también saltaba un aviso automático en la propia oficina de los uniformados, que conocían al instante el punto exacto donde estaba ocurriendo el incidente. El informador, además, no debía exponerse ante los maleantes, que ignoraban de dónde procedía la advertencia.

“La respuesta de los agentes, con los que había una colaboración muy estrecha, era inmediata. Y eso nos tranquilizaba. Los delitos casi se redujeron a cero porque los atracadores sabían que estábamos atrincherados. Si hacía falta, salíamos por ellos y los llevábamos a la UPC”, evoca nostálgico el líder del comité barrial. “Esto se convirtió en una isla de paz”, asiente Peñafiel.

Los equipos permanecieron operativos hasta mediados de 2015, aproximadamente. Pero a una avería le siguió “el cierre” de la empresa. Así que tras varios meses buscando un proveedor, encontraron otro dispuesto a proporcionarles el mismo servicio. Solo debía conectar las alarmas de nuevo a la oficina de la Policía Nacional.

Entonces emergieron los problemas. Porque, según los lugareños, se toparon con el rechazo frontal tanto del mando que dirigía la UPC como de su sucesor, que aterrizó en noviembre. “Nos dijeron que no tenían potestad para hacerlo. Y nos sugirieron que fuéramos al Ministerio del Interior, donde presentamos un oficio el 13 de diciembre. Aún no nos han dado una contestación oficial”, critica Sigüenza.

Mientras esperan una solución, los delincuentes, como si pudieran percibir la vulnerabilidad de la comunidad, continúan perpetrando fechorías. En los últimos veinte días, desde que el presidente del colectivo vio su vida pasar enfrente de un revólver, se han registrado “tres robos de carros, otro asalto” y el crimen de un ciudadano venezolano que recibió “unos veinte balazos”.

Incluso, algunos como Fabián Sarmiento, ingeniero de telecomunicaciones, han visto cómo los ladrones se llevaban los cerebros de sus autos. El suyo estaba valorado en 1.400 dólares. Y para recuperarlo tuvo que renegociar con los pillos a través de terceros y abonar 600 dólares. “No me quedó otra opción”, constata apenado.

“El botón de seguridad es ineficaz”

Los moradores consultados por EXPRESO consideran que el botón de seguridad, cuya utilización fue promovida en 2014 por la Policía Nacional para todo el país, resulta “ineficaz”. A su juicio, los tiempos de respuesta son “mayores” que con su sistema de alarmas. Y, además, conlleva “un riesgo” añadido para quien da la voz de alerta, ya que los agentes “suelen acudir” a su vivienda. “Los delincuentes pueden ver quién lanzó el aviso. Antes, los uniformados iban directos al lugar del delito”, remarcan los afectados.