Al margen de lo que establezcan la Constitución y las leyes, la salud es un bien público por el cual el Estado debe velar para así justificar su presencia en la sociedad.

De ahí que cualquier iniciativa tendente a otorgar los incentivos para que la cobertura y la calidad de los servicios de la salud sean de óptima calidad y gocen de una buena economía, no son una dádiva sino una obligación que, repetimos, justifica la oportuna, eficaz y eficiente acción de un gobierno.

En ese sentido, el dar incentivos tributarios (consistentes en deducciones impositivas) a las empresas que contratan servicios privados de salud para sus empleados, es una línea de acción que compartimos. Tales iniciativas reconocen la premisa de que quienes utilizan los servicios de salud deben tener la libertad para escoger lo que más les convenga a sus intereses o apetezca por razones de afinidad o costumbre.

Por otro lado, el seguro social existe para cumplir una función de servicio a quienes pagan sus afiliaciones. Es, en otras palabras, un derecho adquirido y no una graciosa dádiva otorgada por gobierno o burocracia alguna.

Cuando el IESS atiende a un paciente no le está entregando ninguna suerte de obsequio, pues el paciente y su patrono ya cumplieron con su parte de pagar lo que manda la ley para acceder a tales servicios. En la relación contractual implícita existente, una de las partes ya cumplió su cometido, y a la otra le toca hacer lo suyo.

No existe por lo tanto sindéresis cuando por un lado se otorgan los incentivos para que haya cobertura privada, y por otro lado se insiste en que si el paciente que tiene cobertura privada opta por la atención médica del seguro social, los costos incurridos por el IESS deben ser cubiertos por la aseguradora privada. ¡Qué propuesta!

El argumento de que al otorgarse el incentivo tributario se crea la obligación del reembolso es falaz y no merece siquiera ser considerado. La acción, no obstante, es una muestra más de la creciente disfuncionalidad que existe en las iniciativas públicas para atender los requerimientos de bienestar de los ecuatorianos.