Es la gran pregunta de los estudiantes de la escuela de Parkland, y del resto de escuelas y colegios de Estados Unidos, que propalan en sus manifestaciones, públicas y multitudinarias, exigiendo al gobierno federal un control más efectivo al fácil acceso a comprar y portar armas de fuego, hasta de uso militar, por parte de muchísimas personas naturales, incluyendo sujetos con incapacidad total pero que, por la Quinta Enmienda Constitucional se benefician de este derecho sin tener ni asumir ninguna responsabilidad social. Se calcula oficialmente que en EE.UU. hay más de 300 millones de armas, cifra que supera al monto total de la población nacional. Lo que a su vez destaca que la necesidad de portar armamento es una costumbre profundamente enraizada en la historia y cultura norteamericanas. Incluso resalta en la literatura y en el cine, y hasta en las películas sobre el futuro, como la saga Guerras de las Galaxias, en la cual todos los protagonistas andan armados, como los viejos vaqueros del lejano oeste. Increíblemente, también hay ferias de armas.

Esta polémica y letal tradición, de acuerdo a la organización Gun Violence Archive produjo en 2016 alrededor 47 mil incidentes con armas, con más de 12.000 muertos y 25 mil heridos. La media de la última década es de 11.000 homicidios al año por armas de fuego. La tradición también esconde un mayúsculo negocio y una azarosa vinculación con la política, como lo denuncian medios de comunicación de ese país. Las grandes empresas productoras de armamento gastan enormes cantidades de dinero para impedir una legislación que limite el acceso a las armas, dándole incluso más protagonismo a la Asociación Nacional del Rifle, que de un club de cazadores pasó a ser un poderoso “lobby” que maneja a los dos más importantes partidos políticos de EE. UU., y que financió con US$ 30 millones la campaña electoral de Trump. Finalmente, esperamos que las movilizaciones encabezadas por los jóvenes estudiantes ablanden a un indolente “establishment” y se logre una adecuada reforma que dé mayor legitimidad a los mecanismos de control social del Estado.