Un gabinete variopinto incluso en su situación financiera. Económicamente, los más altos funcionarios del Gobierno se mueven en los extremos. El 18,9 % de los integrantes del gabinete –ministros, secretarios de Estado y delegados en instituciones públicas– posee un patrimonio superior al millón de dólares. En el otro lado, está el 13,5 % cuyo patrimonio no supera los 100.000 dólares.

En mayo, EXPRESO revisó las declaraciones de impuesto a la renta de los funcionarios más cercanos al presidente Lenín Moreno. Ahora, este Diario presenta las declaraciones de bienes que han entregado en la Contraloría. El patrimonio de los 37 altos cargos del Estado suma 28,3 millones de dólares.

Con una precisión. En esa cifra no constan los datos del consejero de Gobierno, Juan Sebastián Roldán Proaño, a pesar de que fue nombrado el 13 de marzo. En la página web de la entidad de control, solo constan las cinco que entregó entre 2008 y 2011 cuando fue colaborador de Rafael Correa. Tampoco está publicada la declaración de bienes del nuevo consejero para el Mejoramiento de la Eficiencia y Optimización del Estado, Santiago Cuesta Caputi. Él asumió el cargo el pasado 23 de mayo.

Dos (ex) empresarios se ‘disputan’ el lugar del funcionario más rico del Gobierno. El patrimonio de Pablo Campana, titular de Comercio Exterior, suma 3,9 millones de dólares. Él es yerno de la empresaria guayaquileña Isabel Noboa. En el caso del ambateño Édisson Garzón, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO), asciende a 3,4 millones. Él proviene de una familia dedicada a la agroindustria.

Por el contrario, Alexandra Ocles, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos (con 800 dólares), y Verónica Espinosa, titular de la cartera de Salud (con 27.660 dólares) son quienes acumulan menos patrimonio, según sus declaraciones.

Campana, sin embargo, también encabeza la lista de los funcionarios más endeudados. Según el documento que entregó al inicio de su gestión, sus pasivos alcanzan 1,3 millones de dólares. Menos preocupaciones tienen tres de sus colegas en su relación con el sistema financiero: el nuevo canciller, José Valencia; el secretario del Agua, Humberto Cholango, y la ministra de Inclusión, Berenice Cordero, reportaron ‘cero’ en la columna de pasivos de sus declaraciones.

Solo ellos, los restantes 36 funcionarios tienen cuentas pendientes. Incluyendo al presidente de la República: en mayo de 2017, reportó tener 108.798,2 en pasivos. Su patrimonio asciende a 442.257,17 dólares.

La ventaja que tiene la mayoría es que no necesariamente tienen que afrontar estas deudas en solitario. El 75,6 % del gabinete está casado: son 28 funcionarios. De los demás, hay seis cuyo estatus legal es divorciado; dos ministras están solteras y, solamente, uno ha registrado su unión de hecho: se trata de Augusto Barrera, secretario de Educación Superior.

La obligación de reportar el nivel patrimonial de los funcionarios se estableció en la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Es un requisito para la posesión del funcionario designado y debe ser actualizada cada dos años. Según esa norma, la Contraloría tiene que comparar y confrontar la declaración periódica o la de fin de gestión con la presentada al inicio. Allí debe determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado.

Y aunque el artículo 16 dice que la “información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública”, la Contraloría solo permite el acceso a un resumen general.