Las inspecciones técnicas aún no terminan, pero los informes preliminares muestran el nivel de la catástrofe que provocó el terremoto en Pedernales en la infraestructura pública, que obligará a una reorganización emergente de los servicios de salud, educación, policiales, judiciales y municipales en las zonas más afectadas de las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Cuando se cumplen doce días del terremoto más fuerte del siglo en Ecuador, las evaluaciones técnicas empiezan a señalar a las primeras infraestructuras que, aunque no cayeron, tienen graves daños estructurales y, por tanto, tendrán que ser demolidas. De hecho, ya se están echando abajo edificaciones en Portoviejo, Manta, San Vicente, Pedernales, Bahía, Jama, Rocafuerte, Tosagua, Chone, Flavio Alfaro, Calceta y Muisne.

La prioridad es el derrocamiento de lo que representa un peligro y podría caerse.

Ejércitos de técnicos, locales y extranjeros, organizados en brigadas, recorren en estos días las zonas afectadas para estudiar las edificaciones y definir entre dos destinos: el derrocamiento o la reconstrucción.

En Manabí y Esmeraldas, las inspecciones se ejecutan conjuntamente entre los técnicos municipales y las instituciones a las que estos pertenecen.

“Todavía no podemos cuantificar, estamos en el levantamiento inicial, pero la afectación está concentrada en Manabí, en el sur de Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas”, dijo ayer a este Diario la secretaria nacional de Planificación (Senplades), Sandra Naranjo.

Los informes preliminares - los definitivos podrían estar listos en dos meses- esbozan una afectación mayor en trece hospitales, más de una docena de unidades policiales y dependencias judiciales, centenas de centros educativos, incluidas tres universidades, y cientos de kilómetros de redes de distribución de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Hasta ahora, en cada caso se han definido acciones emergentes que permitan continuar brindando el servicio público, principalmente el restablecimiento de más servicios básicos: agua y energía eléctrica.

En las zonas más afectadas, el restablecimiento de las redes de agua potable no han superado el 50 % porque hubo daños que, en algunos casos, demandarán trabajos por unos 15 días. Tampoco tienen energía eléctrica que, en el caso de poblaciones de Esmeraldas, es lo que impide el bombeo del líquido.

Pero hay infraestructura que no podrá restablecerse pronto.

En Pedernales, el cantón más afectado de Manabí, casi nada de la infraestructura pública quedó en pie con el terremoto. Fueron destruidos el edificio municipal, las instalaciones policiales, judiciales y sanitarias. En total, según un reporte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 1.160 edificaciones deben ser demolidas porque presentan daños irreversibles.

En Jama, según su alcalde Ángel Rojas Cevallos, el censo militar arrojó que solo el 10 % de la edificaciones pueden quedar en pie. Lo que no tumbó el terremoto deberá ser derrocado porque no es recuperable.

En Jaramijó, la decisión municipal fue que, por ser un cantón pequeño, la inspección se haga casa por casa. Para ello se armaron 11 grupos de trabajo que ya iniciaron la labor y los resultados, andando rápido, estarán en unas dos semanas. RTG/CM/RRG