Una de las funciones principales de la Asamblea Nacional es la de fiscalizar los actos de los poderes Ejecutivo, Electoral y de Transparencia y Control Social, así como de los otros órganos del poder público, conforme lo dispone el artículo 120 numeral 9 de la Constitución. Esta tarea de fiscalización no la ha cumplido la Asamblea Nacional en la forma que el país hubiera querido que lo haga. Siempre se ha considerado que la tarea fiscalizadora del poder Legislativo no significa obstrucción ni afán de destituir al funcionario público. Lamentablemente, durante todo este gobierno no ha habido un acto de fiscalización que haya concluido llevando al funcionario al seno de la Asamblea Nacional. Por esta razón es que, aunque más valga tarde que nunca, se han reunido los requisitos formales y de fondo necesarios para interpelar al ministro de Educación en funciones, en vista de que, y este es el motivo de la interpelación, incumplió las disposiciones constitucionales y reglamentarias pertinentes, al no haber ordenado que las escuelas del país estén aseguradas de acuerdo con lo que dispone el artículo 5 del Reglamento de Uso de Bienes Públicos en vigencia, dictado por la Contraloría General del Estado.

El país confía en que por ser el primer caso de interpelación a un funcionario público, y para demostrar que aunque sea “al final del partido” los legisladores quieren fiscalizar, este acto tan transcendente para la vida democrática no vaya a convertirse en un escenario en donde prevalezcan las voces disonantes, las expresiones peyorativas y los actos de soberbia de lado y lado.

Con este motivo creemos oportuno destacar que los ecuatorianos, con toda seguridad sin distingo alguno, estamos cansados de la bravuconada, de las frases ofensivas y de los procedimientos cantinflescos que a nada conducen. Uno de los cambios que urgentemente debe producirse en el país, y así lo deben entender todos los sectores políticos, es devolverle a la función Legislativa su buen nombre y, fundamentalmente, rescatar el que esta es una función vital para la supervivencia de la democracia.

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