Seguros: un fallo obliga a BanEcuador a anular un contrato
Una jueza acepta una acción de protección y ordena que se inicie un nuevo proceso para asegurar sus bienes. La entidad dice que apelará la sentencia
La polémica surgida alrededor de la contratación de seguros para amparar los bienes y valores patrimoniales de BanEcuador, que se dirime en los tribunales de justicia, le ha significado un revés a esa financiera pública, que ahora deberá invalidar un contrato adjudicado y convocar a un nuevo proceso.
El 2 de junio último, la jueza María Lorena Jaramillo, de la Unidad Judicial Norte 2 Penal de Guayaquil, aceptó una acción de protección interpuesta por Seguros La Unión en contra de BanEcuador, y declaró que los derechos de esa aseguradora habían sido vulnerados.
La Unión, que había sido descalificada de la licitación para el programa de seguros (que BanEcuador finalmente adjudicó a la empresa Latina Seguros y Reaseguros, por 341.212,66 dólares), denunció que había sido perjudicada y que dicho concurso adoleció de varias irregularidades.
En su fallo, como reparación integral a favor de la demandante, la jueza ordenó que se deje sin efecto definitivo el proceso de licitación que fue adjudicado a Latina el pasado 25 de marzo.
También dispuso que se proceda, por parte de la comisión técnica de BanEcuador, al inicio de un nuevo procedimiento de licitación “observando estrictamente las normas legales y constitucionales, en el que participen la compañía actora u otras que cumplan con los requisitos legales”.
Consultado por EXPRESO, Roberto Goldbaum, presidente de Seguros La Unión, opinó que “se ha hecho justicia” con esta resolución. “La decisión judicial es de cumplimiento inmediato y ellos (BanEcuador) deben proceder a hacer todo lo que la jueza ordena”.
Por su parte, la gerente general de BanEcuador, Lupe Velasco, indicó que la entidad cumplirá con la sentencia, pero que recurrirá al derecho que le asiste, que es la apelación.
La administración de la banca pública recordó, en una ayuda memoria que fue enviada a este Diario por la misma Velasco, después de haber respondido a preguntas de EXPRESO, y por diferentes vías, que la acción de protección fue interpuesta por La Unión el pasado 25 de marzo de 2021, calificada el 2 de abril y notificada en físico el 5 de abril.
Según la entidad, se descalificó a La Unión, entre otros oferentes, por haberse verificado, el 19 de marzo de 2021, como “No habilitada” en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Esa misma inhabilitación la reportaban también varios de sus accionistas minoritarios: Juan Pablo Rizzo Torres y Klein Lofredo John Julio, así como Congas S. A., que tenía como accionista a Ecasa, que también constaba como inhabilitada, argumenta BanEcuador. Sin embargo, según el fallo judicial, se pudo advertir que en la documentación analizada, los accionistas y demás compañías que se mencionan se encuentran habilitados.
“Tengo que dar cumplimiento (a la sentencia) porque no voy a desacatar. Estamos haciendo, lógicamente, los procesos necesarios internos para poder dar cumplimiento en la medida de lo posible. Previo a ello hemos comunicado a la Contraloría, la Procuraduría y al mismo Sercop para que conozcan de esta situación y sepan de la indefensión que estamos pasando en este sentido”, dijo Velasco a EXPRESO por vía telefónica.
ANTECEDENTES
Acción
Una medida cautelar
El pasado 2 de abril, la jueza Jaramillo dictó una medida cautelar contra la decisión de la comisión técnica de BanEcuador de descalificar a La Unión. Según esta empresa, la orden judicial y constitucional fue notificada el 6 de abril a la gerente general de la banca pública y a la comisión técnica.
Recurso
La acción de protección
Según BanEcuador, la calificación de la acción de protección fue realizada el 2 de abril, es decir posterior a la firma de la póliza con Latina; mientras que la notificación con la calificación de la acción llegó a la entidad pública el 5 de abril de 2021, fecha que es posterior a la adjudicación.
Requerimiento
8 días para la etapa de prueba
El 16 de abril pasado se abrió la etapa de prueba por ocho días, es decir hasta el 24 de abril de 2021. Tres días después, el 27 de abril, la jueza María Lorena Jaramillo dispuso oficio a diferentes instituciones públicas requiriéndoles información.
