A la tarea de administrar justicia, los servidores judiciales del Guayas tienen ahora una nueva misión: custodiar las dependencias donde laboran.

Tras la salida de los guardias de seguridad privada que resguardaban las unidades judiciales, el Consejo de la Judicatura (CJ) puso en marcha un protocolo interno, para proteger los bienes de la entidad y la labor de su personal.

“Básicamente, dentro de la logística a nivel nacional que ha empleado el Consejo de la Judicatura para la optimización de recursos, se ha establecido cambiar el sistema físico que anteriormente existía a un sistema de seguridad electrónica”, explica Julio Aguayo, encargado de la Dirección Provincial del CJ en Guayas.

Desde finales de agosto, la institución comenzó a instalar chapas electrónicas con tarjetas inteligentes para que los funcionarios puedan ingresar a los edificios como la Corte Provincial, el Complejo Judicial Norte de Guayaquil (Florida Norte) y Albanborja. Esto, con la finalidad de que solamente puedan ingresar los funcionarios a las áreas restringidas al público.

Aguayo no confirma si la medida se tomó tras la denuncia pública que hicieran los guardias de seguridad privada, respecto de la deuda que mantenían instituciones del Estado por el servicio que prestaban, entre ellas a la Función Judicial. El 20 de junio, la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi) reveló que la deuda general por falta de pagos llegaba a unos 70 millones de dólares.

El 24 de julio, la Función Judicial prescindió de los servicios de la guardia privada, lo que llevó a generar protocolos de seguridad interna, que involucra al personal judicial en la vigilancia de la correcta utilización de las tarjetas; así como la creación de líderes y grupos que se encargan de verificar el cierre de puertas de las unidades judiciales como intervenir en siniestros, dice Aguayo.

¿Una tarea extra? El pasado 23 de agosto, la Judicatura presentó una denuncia donde expuso la sustracción de 28 llaves de lavamanos y 14 de urinarios, un fluxómetro y 2 secadores de mano de los baños de 8 torres del Complejo Judicial Norte.

Un inconveniente que “se ha venido presentando a pesar de contar con el apoyo de funcionarios judiciales y personal de limpieza para estar pendientes y alertas de alguna novedad dentro del complejo judicial, sin embargo, no se ha podido evitar estos robos”, señaló en la denuncia Luis Robles, coordinador provincial administrativo (e) del CJ.

Al protocolo, la Policía mantiene el control permanente en algunas unidades y la vigilancia preventiva en los exteriores de unidades, además de la aplicación de botones de pánico.

La doctora Yolanda Baquero cree que la salida de los guardias dejó a los usuarios más tranquilos. “A veces se pasaban. No dejaban hacer las diligencias, querían ser jueces”. Unos abogados concuerdan con ella, mientras otros defienden la labor de los celadores, de quienes dicen los orientaban en algunos casos.