Se produjo una resolución de un juez que declaraba reservado el proceso contra el tío del vicepresidente Glas. El argumento para tan peregrina decisión es que el proceso trataba acerca de la estructura del Estado, es decir que el robo era parte de la jurisprudencia que, en manos de Alianza PAIS, tuvo el poder absoluto durante toda una década. Otro secreto que se guardaba bajo siete llaves en el laberinto del Estado correísta era la preventa de otro derivado del petróleo que el país desconocía, como desconoce a título de qué le dieron al tío USD 13 millones. Y ahora se descubre ese otro secretito que demuestra que no solo Odebrecht era la empresa corruptora, porque según la Comisión Ciudadana Anticorrupción también Caminosca jugaba en el equipo corruptor y, según esa entidad, siete funcionarios recibieron más de tres millones en sobornos, entre ellos el vicepresidente de la República. Pero ocurre que Alianza PAIS, siguiendo las huellas dejadas por el supremo, manifiesta que esa entidad ha presentado documentos falsificados, olvidando que fue uno de los funcionarios amados por el presidente Correa, su primo Delgado, quien se hizo poseedor falsamente de un título universitario y recibió una garantía de honestidad del primo gobernante, que se chamuscó las manos cuando las metió al fuego para garantizar la inocencia del pariente. Todavía es muy temprano para afirmar que la fiscalización del régimen correísta ha terminado. Faltan muchos y muy altos funcionarios que habrían cometido delitos, entre ellos el de encubrimiento, que pretendía salvar de la censura nacional y de la sanción penal a varios de sus principales seguidores. Si fuera veraz que la Comisión Anticorrupción ha presentado documentos falsos en el “affaire” de Caminosca, esta debería terminar con su actividad y sus miembros ser sometidos al proceso penal correspondiente para determinar su responsabilidad en un hecho que quitaría toda autoridad moral a sus miembros. Y no podrían redimirse simplemente pidiendo disculpas, como se ha acostumbrado en los últimos diez años, para evadir responsabilidades que han caído dentro de las normas del Código Penal. Todos los miembros de esa Comisión, pero especialmente Julio César Trujillo, Simón Espinosa y la centenaria exlegisladora y militante política, Isabel Robalino son personas de cuya honorabilidad, mantenida a lo largo de sus vidas, no se puede dudar. El caso es de una trascendencia muy importante y los acusados de haber presentado documentos falsificados en un problema de corrupción, seguramente aclararán el asunto y mantendrán sus nombres libres de toda sospecha delictual.