Samanes: El ultimo asalto con los militares

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Samanes: El ultimo asalto con los militares

Las últimas 164 hectáreas que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) tiene en el sector de Samanes, son el motivo de un nuevo desencuentro entre los militares y el gobierno de Rafael Correa, que advierte con ordenar su expropia

Samanes: El último asalto con los militares

Las últimas 164 hectáreas que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) tiene en el sector de Samanes, son el motivo de un nuevo desencuentro entre los militares y el gobierno de Rafael Correa, que advierte con ordenar su expropiación.

Desde el 2013, el Gobierno presiona al Issfa por la venta de cuatro nuevos macrolotes para continuar con el proyecto de ejecución del parque Samanes, pero aún no se ha tomado ninguna decisión en el consejo directivo del Instituto, que preside el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, porque las sesiones no se han realizado.

El año pasado, solo dos reuniones mantuvo el mencionado consejo y en este, la única sesión fue en enero, después de la promulgación de la nueva Ley de seguridad social militar, que aumentó de siete a ocho sus integrantes. La mencionada sesión fue considerada fallida porque falta aún designar al nuevo miembro que debe ser el segundo representante de la tropa. Y su elección no ha podido darse porque la nueva ley no establece el mecanismo para su designación y tampoco ha sido promulgado el reglamento.

En la sesión de enero, el ministro Ricardo Patiño ya advirtió de la expropiación de los terrenos a los representantes de los militares en Servicio Pasivo, Wagner Bravo y Alejandro Valverde. Lo hizo después de que ambos expresaran la decisión de sus representados de no vender más tierras en Samanes hasta que, a través de la justicia, se clarifique la anterior venta de 220,96 hectáreas de terrenos finiquitada en 48 millones de dólares y por las que después se exigió un vuelto de 41 millones. Unos recursos que ellos se niegan a devolver, aunque el Ejecutivo haya dispuesto que sean descontados de la deuda pendiente.

Por las últimas 164 hectáreas el Gobierno ofrece pagar 14,5 millones de dólares, una cifra por debajo de los 16 millones de dólares que quieren por dos de los cuatro macrolotes.

El anuncio del presidente Correa, de que si no llega a un acuerdo en esta semana, la próxima dispondrá la expropiación de los terrenos, no sorprende a los militares retirados que desde ayer están organizando reuniones, para tomar posturas conjuntas en defensa del patrimonio del Issfa.

Un grupo de pasivos se reunió ayer en el Círculo Militar de Guayaquil y otros se reunirán el jueves en la asociación Asomar, con su delegado ante el Issfa, Alejandro Valverde.

“El Gobierno no puede obligar al Issfa a vender su patrimonio, ni siquiera con una expropiación, porque el artículo 372 de la Constitución lo prohíbe”, dijo ayer el almirante Alan Molestina.

Su postura coincide con los generales Wagner Bravo, Ernesto González y otros oficiales, integrantes del Frente de Defensa, que están dispuestos a luchar para que no se menoscabe el patrimonio del Issfa.