El Salado ruega clemencia desde hace veinte anos
Trámite. EXPRESO solicitó una copia del estudio al director de Medio Ambiente, Bolívar Coloma. Este alegó que el pedido debía cursarse a través de la Secretaría Municipal. El oficio, ya presentado, está pendiente de respuesta.
Recorre con la vista las orillas del estero Salado, a su paso por el puente zigzag, y esboza una sonrisa a media asta. Le enorgullece que el Municipio haya habilitado parques lineales en varios lugares propuestos por él hace veinte años; que otras de sus ideas, como acondicionar el balneario de Puerto Hondo y la Playita del Guasmo, también se hayan materializado, aunque él planteara media docena más de espacios similares.
Pero Walter León, arquitecto porteño de 65 años, sabe que el embellecimiento de las riberas no sirve para atajar los vertidos de las industrias y las descargas de aguas residuales. Por eso ruega a las autoridades que se tomen “más en serio” la recuperación del “alma” de Guayaquil. “Hasta la canción lo dice. ‘Ciudad del río grande y del estero...’”, comenta melancólico a EXPRESO.
Su testimonio se suma así a los aportados por moradores de Urdesa, Miraflores y la Kennedy Norte, cuyo comité barrial presentó una denuncia en 2014 ante la Defensoría del Pueblo, que dio pie a la investigación desvelada por este Diario. Todos ellos exigen contundencia al Municipio y el Ministerio del Ambiente (MAE) para devolver al brazo de mar parte del esplendor perdido.
Entre 1997 y 1998, Walter trabajó con una veintena de técnicos en el ‘Estudio de Prefactibilidad, Factibilidad y Selección de la Mejor Alternativa del Plan Integral de la Recuperación del Estero Salado’, encargado por la administración de León Febres-Cordero a una asociación germano-ecuatoriana de empresas.
El 30 % de la contaminación procedía entonces de compañías radicadas en el norte, la zona más degradada por los efluentes tóxicos; el resto, de viviendas y edificaciones, en su mayoría del sur. “El porcentaje tal vez sea distinto ahora, pero no el problema”, destaca.
Hoy se siente impotente al comprobar cómo una “gran parte” de las medidas recogidas en el documento, que incluía un “completo” plan de acción a diez años vista, “no se ha llevado a la práctica”. Aunque Bolívar Coloma, director municipal de Medio Ambiente, responde escueto y por escrito que el Cabildo ha incorporado las recomendaciones “técnicamente viables”.
Walter no guarda una copia del estudio, pero recuerda que la prioridad marcada para el norte era “descontaminar”. Y la única opción pasaba por emprender acciones “radicales” de prevención, control y sanción contra las empresas infractoras.
Sin embargo, 312 de las 640 afincadas en la cuenca del Salado todavía carecen de permisos ambientales (el Municipio aduce que las regularizará este año y que su nivel de afectación es “el más bajo”). “Resulta inconcebible que aún haya compañías tramitando esa documentación”, critica el arquitecto.
En el sur, Walter censó 4.800 palafitos que invadían el cauce y constató otro nocivo fenómeno: el desfogue de aguas residuales domésticas al brazo de mar o a través del sistema de aguas lluvias, que a su vez desemboca en el estero. “Salvo excepciones, aún sucede”, subraya.
Por eso, la supervivencia del Salado en el área meridional pasa por instalar un alcantarillado sanitario “de verdad”, que elimine las descargas y reconduzca “todas” las aguas residuales a una planta de tratamiento o una depuradora.
Hace tres semanas, EXPRESO solicitó entrevistas a responsables de Emapag-EP e Interagua para analizar esta arista de las pesquisas. El Departamento de Comunicación de la primera dijo, sin dar una fecha concreta, que su contestación sería “por escrito, posterior a revisar el caso” (aún no ha llegado). La gerenta de Comunicación de la segunda, Ilfn Florsheim, apuntó que respondería “lo pertinente” a la Defensoría del Pueblo.
En teoría, esta laguna denunciada por el experto debería subsanarse cuando opere la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas, cuya construcción finalizará en 2019. El alcalde Jaime Nebot la ha presentado como la guinda de un proyecto encaminado a que el 100 % de la cuenca cuente con alcantarillado público. Según el mandatario, otras infraestructuras como la planta de Pantano Seco, inaugurada la semana pasada, también ayudarán a reducir la contaminación.
Pero antes habrá que sellar las tuberías clandestinas; completar 30.000 conexiones intradomiciliarias en el suburbio oeste, la isla Trinitaria y los Guasmos; rehabilitar el alcantarillado de 65.000 familias en la parroquia Febres Cordero; y levantar la estación de bombeo La Pradera, entre otras mejoras. “Además, el agua resultante del tratamiento en Las Esclusas tendrá que ser compatible con el estero”, apostilla Walter.
La Defensoría pide el listado de empresas sin permisos
La Defensoría del Pueblo ha anunciado que el archivo de la causa, solicitado por Emapag-EP e Interagua, no procede porque esta aborda derechos humanos y de la naturaleza.
Es más. A partir de ahora, no se centrará solo en los problemas detectados en la Kennedy Norte. En una nueva providencia, la coordinadora de la Defensoría en la zona 8, Zaida Rovira, reclama al Municipio y al MAE que le remitan la lista de las empresas registradas en la cuenca del estero; que detallen cuáles cuentan con permisos ambientales y cuáles no; y, en este último caso, que aclaren desde cuándo funcionan al margen de la normativa.
Además, exhorta al Cabildo, Emapag-EP, Interagua, MAE y Proyecto Guayaquil Ecológico (del MAE) a que inicien los procesos pertinentes para identificar a los responsables de los vertidos. Y recuerda a las tres primeras entidades que deben entregarle la información requerida el pasado 13 de marzo, concerniente a las acciones legales y obras emprendidas para frenar la proliferación de tuberías clandestinas y mitigar la contaminación.
Por último, se dirige al Ministerio de Salud Pública para que realice un estudio sobre los efectos de los agentes tóxicos en la población.
