Cifras y discursos. La Comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para investigar los hechos del paro nacional recibió a una delegada de la Defensoría del Pueblo y otros de los manifestantes protagonistas de la paralización de inicios de este mes. Las cifras corrieron por cuenta de Alexandra Almeida, directora nacional de Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo, quien sustituyó al defensor Freddy Carrión por enfermedad.

Son 1.192 detenidos entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, el 96 % de ellos es hombre y el 4 % es mujer. Las provincias con más detenciones son: Pichincha, 532; Guayas, 310; y Tungurahua, 59. El día con mayores detenciones fue el 5 de octubre, un día después de la declaratoria del estado de excepción, con 376. De los 1.192, el 77 % recibió libertad sin formulación de cargos y el 23 % continúa en proceso. El 25 % de las detenciones corresponde a personas de entre 15 y 19 años y otro 25 % de entre 20 y 24 años.

El número de muertos es 11. La delegada precisó que no es labor de la Defensoría determinar la causa de las muertes, sino de la Fiscalía. Hubo 1.340 heridos solo de civiles, 913 de ellos en Pichincha, 46 en Guayas y 122 en Azuay. Once personas perdieron un ojo, una de ellas además perdió el 90 % de la visibilidad en el otro ojo. Una persona quedó sorda por un impacto de bomba en su oído. “Las armas no letales a veces acabaron siendo letales”, dijo la funcionaria.

▶Leer: La investigación legislativa del paro nacional arranca este miércoles

En este punto surgió un debate que lo introdujo el asambleísta César Rohon, de las filas del Partido Social Cristiano, con una pregunta a Almeida: ¿Qué hizo la Defensoría para resguardar los derechos humanos de los policías y militares? A lo que la funcionaria respondió que la doctrina de los Derechos Humanos y la Ley de la Defensoría le impone a esa institución acompañar y tutelar las causas de la población civil frente a los posibles abusos del Estado. En tanto que todas las agresiones contra policías y militares no hacen parte del tema de Derechos Humanos, sino de la ley penal y que tienen que ser tramitadas en la Fiscalía.

Héctor Yépez, de la bancada del movimiento CREO, se subió a esa ola e insistió en que afirmar que las violaciones a derechos humanos de policías y militares no forman parte del espectro de información de la Defensoría del Pueblo, “me parece que revela cierta selectividad en lo que se está haciendo”.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez; y del Frente Popular, Nelson Erazo, así como un delegado de los estudiantes universitarios emitieron discurso más de tinte ideológico. Insistieron en que la comisión no se debe centrar en investigar los días del paro sino de los antecedentes, es decir, las políticas neoliberales y fondomonetaristas del Gobierno del presidente Lenín Moreno. “Los movimientos sociales no han causado la violencia, sino el Gobierno con sus decretos económicos”, dijo Tatamuez.

Por momentos, algunas frases de los asambleístas parecían mostrar cierta empatía con quienes comparecieron ayer ante la Comisión. El legislador de Pachakutik, Jaime Olivo, no paraba de referirse a sus interlocutores como “compañeros”. Así como el presidente de la mesa, Fernando Burbano, quien es de los que piensa y lo manifestó que “ningún derecho se ha conseguido de forma pacífica”. Mientras que Yépez no desaprovechó la oportunidad de cuestionar al Gobierno. “El Gobierno no sabe escuchar a la gente. Ese es el origen de todo este conflicto. Coincido con ustedes”.

Finalmente intervino Marlon Santi, director de Pachakutik. Él repitió las consignas ideológicas de quienes lo precedieron, sin aportar nada a la investigación. Hasta la ronda de preguntas. ¿Quién mandó a cerrar los pozos petroleros?, quiso saber César Rohón. Y él: “En esa euforia, fue el colectivo el que tomó la decisión”. ¿Admite la responsabilidad de la Conaie?, insistió Rohón. Respuesta: “no”.