Respuesta a dos velocidades
La prontitud no es de todos. El 2016, marcado por el pago con demora en las cuentas del Gobierno Nacional ha afectado a todos por igual: transportistas, educadores, empresarios, constructores, militares y un largo etcétera. El tiempo de solución del impasse financiero, sin embargo, es diferenciado.
No hace falta análisis. Al equipo de negociación gubernamental lo delatan los tiempos y las faltas de prisa.
La semana pasada, por ejemplo, las 11 federaciones de transportistas tuvieron oportunidad de sentarse a la mesa del presidente Rafael Correa. Once días antes de coincidencia del Día del chofer, en una reunión gremial, el siempre cercano sector del volante había puesto en duda su fidelidad o, en sus palabras, marcaba el inicio del “distanciamiento”, como dijeron a EXPRESO en su momento. Al final, ni lo uno ni lo otro. El Gobierno concedió $ 30 millones y retuvo a su lado al único sector que jamás ha participado de un paro en contra del Gobierno.
Sin almuerzo y brindis de por medio, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) resolvió sus impagos. Tuvieron que conformarse con una reunión con la ministra de Salud, Margarita Guevara, luego de cabildear incesantemente para conseguir un espacio en la agenda presidencial: 14 días después de que hicieran público el monto de la deuda y los riesgos para sus pacientes, a través de los medios, Solca y el Gobierno se sentaron ante la prensa, sin preguntas de por medio, para anunciar un acuerdo que frenó los anuncios de movilizaciones civiles.
Al juego de la acción y reacción oportuna, le siguen los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que abandonaron las formas de corrección política y se convocaron -aun los oficialistas y sus aliados- a una reunión para exigir el pago de sus fondos retrasados. El oportuno Ministerio de Finanzas depositó, el mismo día de la reunión, el monto equivalente a dos meses de retraso. Los valores, claro, siguen acumulándose en el haber. Pero esa mañana, 26 días después de anunciar el impago, la declaración quedó sin piso político.
A la lista de reincidentes deben sumarse los proveedores, protagonistas constantes de la presión pública para forzar el pago. Lo hicieron en diciembre y consiguieron una promesa para enero; luego en enero y recibieron el pago del 90 % de los atrasos en marzo (42 días después) y lo vuelven a hacer ahora, bajo el Ministerio de Finanzas, a modo de protesta.
La resolución de la mora no tiene lugar, sin embargo, en todos los casos.
La Cámara de Industrias de la Construcción hizo pública una cifra en abril: casi mil millones de dólares de atrasos por parte del Estado. Su portavoz, Silverio Durán, solicitó una reunión -como todos los demás- con el presidente Correa hace 84 días (y contando), pero la cita no se ha dado aún. Y el día del constructor está lejos: el 22 de abril.
La espera disgusta. Los partidos políticos de oposición, que ahora no solo critican los atrasos sino que los viven, reclamaron la semana anterior porque el Fondo Partidario para las elecciones solo ha sido entregado a Alianza PAIS. Todos los consultados, notablemente disgustados, llaman a las autoridades a conceder explicaciones. Pero a seis días (y contando) de volver pública la denuncia, temen repetir la historia del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cuya deuda exigieron sea pagada hace 145 días. Sí. Y contando.
