Gobierno extiende estado de emergencia en Lima y Callao contra la criminalidad
La Policía Nacional del Perú contará con el apoyo de las fuerzas armadas para mantener el control del orden interno
El gobierno peruano prorrogó, por 30 días, el estado de emergencia declarado en la ciudad de Lima, capital de Perú, y la vecina provincia del Callao para enfrentar el crimen organizado y otros incidentes de violencia, una medida adoptada en octubre pasado por el presidente interino, José Jerí, según un decreto supremo publicado el fin de semana último en el diario oficial El Peruano.
Tal como ha ocurrido en las últimas semanas, la Policía Nacional del Perú contará con el apoyo de las fuerzas armadas para mantener el control del orden interno y actuar en las zonas de mayor peligro según los mapas del delito, bases de inteligencia y estadísticas oficiales.
Como parte del estado de emergencia, habrá restricción o suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
En tal sentido, el decreto recordó que las actividades masivas deberán contar con el permiso oficial respectivo, pero las que no tengan carácter público y masivo podrán realizarse sin autorización previa.
El mandatario interino participó en una serie de operativos policiales en los primeros días del estado de emergencia, que incluyeron operativos en cárceles, así como los integrantes del gabinete ministerial en diversas zonas de la capital.
Sin embargo, los casos de extorsión y sicariato han continuado ocurriendo en Lima y Callao contra trabajadores del transporte público urbano y de construcción civil, así como el ataque de presuntos delincuentes contra el candidato presidencial Rafael Belaúnde del partido Libertad Popular, que resultó ileso tras responder a los criminales con su propia arma de fuego.
El estado de emergencia alcanza varios distritos
Este sábado, el gobierno peruano también declaró el estado de emergencia, por 60 días, en varios distritos de las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín para combatir el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, entre otros delitos conexos.
En forma similar a Lima, las fuerzas armadas apoyan a la Policía Nacional en el control del orden interno y participan en sus intervenciones contra los focos de violencia.
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