Una ‘confusión’ que bloquea la fiscalización. La exigencia de elementos judiciales previos para escrutar la responsabilidad política que tienen los funcionarios públicos ha provocado que los pocos intentos de juicios políticos planteados en la Asamblea, se diluyan en el intento.

Esta semana el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por PAIS, tratará el segundo pedido de juicio político planteado por la oposición en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, que afronta, por quinto día, un proceso penal por asociación ilícita. Así lo anunció el titular del Legislativo, José Serrano.

En julio, el CAL archivó un pedido similar “por falta de requisitos”. Al parecer, las cosas han cambiado. La presidenta de la Comisión de Fiscalización y también de PAIS, María José Carrión, cree que “son momentos distintos, no podemos hablar de elementos que hay ahora en Fiscalía, cuando hasta hace unos meses no había los audios o algún elemento probatorio para vincular al vicepresidente”, dijo.

Para ella, el tema legal aportaría insumos para ejercer control político. Una lectura que sorprende al expresidente del Congreso Nacional, entre 2003 y 2005, Guillermo Landázuri, quien considera que en todo esto existe una “conveniente confusión”.

“Las historias políticas y jurídicas de Ecuador muestran que siempre se ha ido del juicio político a establecer una posible responsabilidad penal, que debe ser resuelta por las instancias judiciales y no al revés como se pretende ahora”, dijo a EXPRESO.

El CAL tampoco dio paso al juicio político para el exministro de Educación y actual asambleísta oficialista, Augusto Espinosa, que habría permitido determinar si tuvo o no, responsabilidad política en los casos de presuntos abusos sexuales en escuelas y colegios del país.

Para el también expresidente del Congreso entre 1988 y 1990, Wilfrido Lucero, esta instancia legislativa ha alcanzado un exceso de atribuciones, sustituyendo el papel fiscalizador de los asambleístas y bloqueando toda iniciativa para detectar actos irregulares.

“Es evidente que en esta espera de pruebas legales para empezar a juzgar la negligencia a nivel político hay un intento manifiesto de retrasar los procesos de fiscalización y cubrir al vicepresidente Glas”, señaló a este Diario.

El oficialismo niega que esté conectado lo legal con lo político. La asambleísta Elizabeth Cabezas defiende la decisión del CAL de negar el primer pedido de juicio político contra el vicepresidente. “El juicio penal y el político van por senderos separados y no se los ha mezclado. En el primer pedido, el CAL determinó que no se cumplía con las causales que establece la Constitución para el juicio político”, aseguró.

VOCES

Guillermo Landázuri

Exdiputado y expresidente del Congreso Nacional

Si la justicia determina responsabilidades penales antes que la Asamblea las políticas habrán sembrado un precedente nefasto para el sistema legislativo, que está en deuda.

Héctor Yépez

Asambleísta del movimiento SUMA por la provincia del Guayas

La Constitución ni siquiera exige que se haya empezado un proceso penal para dar paso al juicio político. Son pretextos para dar largas a todos los intentos de fiscalización.

Wilfrido Lucero

Exdiputado y expresidente del Congreso Nacional

Los actuales asambleístas quieren confundir las cosas. Para el juicio político no se necesitan pruebas penales. Creo que han usado ese recurso para extender los procesos de fiscalización.