La filosofía absorbente del Estado debe, por necesidad, dar paso a la realidad de que el concurso del capital privado es requerido, si se quiere mejor aprovechar el menguante recurso petrolero del país. Haciendo un recuento histórico, entre 1997 y 2006 Ecuador exportó 400 millones de barriles “privados” de petróleo, y las petroleras se constituyeron en los mayores contribuyentes del fisco, pagando impuestos al 65 % respecto de la renta, aparte de las regalías.

El concurso del capital privado es beneficioso pues cubre el riesgo financiero y aporta tecnología. El Estado, por su parte, percibe los beneficios como “socio” mayoritario de la explotación. Cabe destacar que durante la fase depresiva de 1997-1999 los ingresos petroleros originados en la explotación privada permitieron que la crisis económica, severa como fue, no ocasione hambruna o miseria colectiva. De igual forma, a partir del 2000, la dolarización pudo ser apuntalada, entre otras causas, porque los ingresos petroleros privados para el Estado robustecieron la Hacienda pública, en una fase creciente de los precios. Fueron también años en los que mejoraron los márgenes de venta en las exportaciones, mostrando objetivamente que la comercialización de hidrocarburos fue idónea.

El petróleo privado evolucionó desde la participación hacia los servicios a precio fijo remunerado, en contratos cuyos rangos van de $17 a $55 por barril, con un valor medio de $40. Se pensó por aquel entonces que el mercado solo podía subir, en un paroxismo ideológico que no desconoció únicamente las leyes del mercado, sino la evidencia existente respecto de los ciclos del petróleo. En cinco años, el ciclo de plenitud dio paso a la recesión y los márgenes en los contratos de servicio (que constituyen alrededor del 15 % de la producción) se tornaron negativos. Se acumularon las cuentas impagas, las que superan hoy los $2.000 millones, y contribuyen al estancamiento de la producción y los ingresos.

La buena economía exige pensar con la cabeza, y la ideología antimercado no es, para nada, la mejor consejera. Por ello es positivo que el Gobierno decida cambiar el rumbo y volver a una fórmula flexible que, llámesela como se la llame, es de participación.