Hace unos meses, aún como vicepresidente del Gobierno de Rafael Correa, Jorge Glas daba cuenta de su patrimonio en una entrevista. Aseguraba en marzo que antes de tener un cargo de responsabilidad, su patrimonio alcanzaba los 90.000 dólares y que ahora esa cifra era de 200.000 dólares. Exactamente, su declaración juramentada al renovar cargo con Lenín Moreno, revela una cifra de 202.735,44 dólares. Con eso, deberá pagar los siete millones de dólares a los que ha sido condenado por la Corte para reparar al Estado del perjuicio de Odebrecht.

Además de ser una cifra insuficiente, el abogado especializado en delitos económicos César García, puntualiza que no podrá nutrirse de los bienes de la sociedad conyugal, salvo que estos se hubiesen obtenido a través de la misma trama de corrupción. La declaración juramentada de 2017, publicada en la web de la Contraloría, no desglosa cada ítem. Pero la de 2013, accesible desde la web de la vicepresidencia sí.

Hace cuatro años, Glas tenía tres departamentos: uno a nombre de sus hijos que alquilaba con facturas a cargo de su esposa y dos en Quito en la misma dirección. De todo lo que consta ahí, si es que se ha mantenido en el patrimonio estos años, Glas responderá con el 50 % de la sociedad conyugal. “Ese es el problema de las sentencias morales, que no son ejecutables”, valora García, tras criticar que la reparación fijada por el tribunal ascienda solo a 33,3 millones de dólares, cuando es inferior al sobreprecio de las obras ejecutadas por Odebrecht.

Si recuperar el dinero desviado ya es complicado, por no existir una ley de extinción del dominio ni haber perseguido a las personas jurídicas en el proceso por asociación ilícita, el abogado defiende que la sanción debería haberse impuesto de forma solidaria para que, si algún condenado se declara insolvente, responda otro y el Estado no sea perjudicado.