Rendir cuentas, un mandato legal aun dificil de cumplir

Ya es casi una década y aún no es posible que todos cumplan con la obligación legal de rendir cuentas. Con la vigencia de la Constitución de 2008 es una obligación que las instituciones públicas, las que manejan fondos públicos o ejercen actividades de interés público redactan un informe anual de rendición de cuentas, previo a un proceso de socialización ciudadana. Pese al mandato constitucional, no todos lo cumplen.

El año pasado, 770 instituciones no acataron la disposición legal de presentar el informe de sus actividades del año 2015. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece que la lista anual de incumplidos deberá pasar a la Contraloría General del Estado a un proceso de investigación. El pasado martes, este Diario solicitó a la Contraloría información sobre los informes, reportes u observaciones abiertas por la omisión de esta obligación legal, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

No obstante, EXPRESO revisó todos los informes aprobados por el ente de control entre los años 2016 y abril de 2017 que están colgados en su página web institucional, y contabilizó 195 exámenes especiales a instituciones por las rendiciones de cuentas del periodo 2015. En 136 concluyeron que las instituciones no cumplieron con el proceso en alguna de sus etapas o en todas ellas, mientras que en 59 sí cumplieron con el mandato legal.

Ninguno de los exámenes especiales establece sanción alguna para la institución o el funcionario a cargo, solo recomendaciones que se resumen en exhortaciones a cumplir con lo que manda la ley. Sin embargo, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, aseguró a EXPRESO que existen castigos por el incumplimiento. “Son sanciones administrativas y si son reincidentes ya hay otros temas ahí”, expresó la funcionaria y lo único que pudo revelar a EXPRESO ya que esta información la maneja la Contraloría. Este Diario también solicitó esos datos al ente de control, pero hasta el cierre de esta edición tampoco fueron proporcionados.

La Ley del Consejo de Participación Ciudadana remite a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el caso de las sanciones. Esta última establece multas por un mes de salario, suspensión de funciones por 30 días sin sueldo o hasta la destitución del funcionario. González confirmó que hasta la fecha no se ha aplicado el castigo más severo.

La inobservancia más común y por la que gran parte de las instituciones son sancionadas es por no subir el informe a la página web del Consejo.

Las elecciones modificaron el cronograma

En este mes, luego del ajetreo de las elecciones, todas las instituciones obligadas a rendir cuentas deberán retomar el proceso de rendición. El cronograma habitual de todos los años fue modificado en este por las votaciones del 19 de febrero y 2 de abril. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, motivó la decisión para no confundir los eventos públicos de rendición como proselitismo político.

Son 4.445 instituciones que a nivel nacional deben rendir cuentas en este año sobre sus actividades del año anterior.

La austeridad de los eventos es uno de los factores en los que el Consejo ha hecho hincapié en este año, ya que luego de varios talleres y encuentros ciudadanos concluyó que algunos actos eran muy opulentos. “Se habían convertido en un espectáculo de artistas, bocaditos y shows”, comentó González.

Son más de 12 mil ciudadanos que observan el proceso de este año que culminará el 31 de mayo próximo.

En lo que también insiste la presidenta es en subir el informe a la página web del Consejo, uno de los pasos más obviados y por los que muchos terminan en la lista de incumplidos anual entregada a la Contraloría.