Las reformas legales de Correa marcaron la ruta de la deuda

La auditoría a la deuda de Ecuador, acumulada desde 2012 a 2017, va arrojando luz en las opacas operaciones económicas que, con escasas o ninguna explicación, iba ejecutando el gobierno de Rafael Correa en los últimos años. Al trazar una línea de tiempo, las reformas legales acometidas de forma “subjetiva y discrecional”, según cuestionó la Contraloría General, coinciden con nuevas fórmulas de endeudamiento, dificultad por falta de ingresos y con nombramientos de ministros.

Esa gestión comenzó en 2010, dos años antes del examen especial de auditoría, y puede arrastrar al expresidente Correa, a sus ministros de Finanzas, a sus gerentes del Banco Central y a los responsables de Petroecuador y Senplades si es que no presentan, hasta el próximo miércoles, elementos de descargo suficientes que disuadan los indicios con los que la Contraloría puede, eventualmente, sustentar su determinación de responsabilidad administrativa o penal.

Según el órgano de control, se hicieron modificaciones en la normativa para que las operaciones realizadas o por realizar encajaran en un marco legal. Así es como ese año, el 2010, se aprobaron tres resoluciones por Finanzas que imponían confidencialidad a las negociaciones y acuerdos de financiamiento. Ese año, Patricio Rivera se hacía con la cartera de Finanzas, la deuda comenzó a crecer tras el default declarado por su predecesora y ese año también se firmó el contrato con Eximbank de China, que aseguraba la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El entonces ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, y el mismo Rivera rubricaban el contrato.

Un año antes se había concretado la primera preventa petrolera con China por 1.000 millones, que dio paso a otra más y otra más hasta acumular 6.300 millones de dólares pendientes con China en 2014. Ya desde 2010, se limitó el acceso al detalle de las condiciones de endeudamiento.

Tres movimientos económicos coincidieron en 2014, con la decisión del expresidente Correa de ampliar la definición de infraestructura, mediante decreto ejecutivo, para incluir aquellos elementos que son necesarios para el funcionamiento de una entidad, ya sean financieros, económicos o incluso de talento humano, salvando así la imposición legal de destinar los recursos obtenidos mediante financiamiento exclusivamente a inversión. Ese año, Ecuador volvió a los mercados y recibió 2.000 millones de dólares, la deuda se disparó y aumentó en un solo ejercicio casi 8.000 millones de dólares mientras el petróleo se desplomaba después de haber alcanzado un máximo de 105 dólares por barril.

Tanta operación de endeudamiento llevó al 39,6 % del PIB el monto de deuda pública en diciembre de 2016. Ese mes, se dispuso un cambio en la fórmula para dejar de contar y publicar las cifras de los pendientes.

Para saber

Qué es infraestructura

La legislación ecuatoriana solo permite al Estado endeudarse para inversión. Según el artículo 45 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la infraestructura es el “conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera”.

Qué incluye el término

Infraestructura económica. Infraestructura financiera. Infraestructura física. Infraestructura social. Infraestructura ambiental. Infraestructura del conocimiento y talento humano, entre otros.