La deuda que mantiene el Estado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parece ingresar en un callejón sin salida.

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Aunque la Asamblea aprobó la ley reformatoria para asegurar los recursos a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, “es imposible retener recursos que no existen”, dice Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.

El especialista considera que la propuesta, seguramente, será vetada por el presidente Daniel Noboa, pues sostiene que “es un desconocimiento de la realidad fiscal del país”. Lamenta que el Parlamento apruebe leyes como esta, de temas que no maneja.

El artículo 1 de la reforma establece que el Banco Central del Ecuador (BCE) será el responsable de transferir el monto que corresponde a las subcuentas de los GAD de manera mensual, dentro de los cinco primeros días de cada mes. Sin embargo, Carrera aclara que la institución “no tiene facultades para debitar de ninguna cuenta ni acreditar por sí sola. Quien ordena las cuentas es el Ministerio de Finanzas y si debitan automáticamente para los municipios, no se pagan sueldos a militares, profesores, policías”, asegura.

El especialista indica que la propuesta “profundiza más las deudas y desequilibra la devastada caja pública”.

Por su parte, desde la cartera de Finanzas informaron “que por el momento se están evaluando todas las opciones para responder ante la ley aprobada”.

Quienes apoyaron la reforma, en cambio, saludan la iniciativa. El alcalde de Samborondón, Juan Yúnez, dice que la aprobación es “una victoria”, que fue impulsada desde hace años por el Partido Social Cristiano (PSC) y resalta uno de los puntos de una disposición transitoria. 

“Con esta nueva ley será castigado el funcionario que no entregue esos recursos, lo que permitirá garantizar los fondos. Tenemos atrasos de cinco meses que ascienden a $ 800 millones. Dificulta el pago a proveedores y la distribución de servicios”, señala.

Un eventual castigo a los representantes del fisco también lo resalta Andrei Iza, presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales (Conagopare). El coideario de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien aplaudió la propuesta el martes, asegura que la ley da un respiro a los gobiernos locales para tener certeza y planificar las obras en 825 juntas, a las que el Estado debe $ 36 millones, con corte hasta marzo.

Pero no todos confían en la efectividad de la norma. El alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, teme que no se pueda ejecutar. A esta Alcaldía, el Gobierno le debe $ 4.500.000, “pero si los recursos no están, habría inconvenientes para el pago. Hay que empatar la ley con la realidad nacional y seccional”, señala.

No obstante, si los incumplimientos siguen, Yúnez cree que el Gobierno “deberá atenerse a las consecuencias”.

Sanciones a funcionarios

La reforma señala que la demora de las transferencias o del detalle de los recursos que deben ser pagados a los GAD “genera responsabilidad política y administrativa en la máxima autoridad del ente rector” de Finanzas o del Banco Central.

En caso de probarse que incurrió en esa falta, luego de que el funcionario ejerza su derecho a la defensa, “será sancionado con la cesación inmediata de su cargo”, establece la propuesta.   

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