Lleno de sorpresas. La propuesta titulada Ley Orgánica para impulsar la Reactivación Económica en Ecuador, que contiene parte de las medidas ya anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, llegó con novedades a la Asamblea, a vísperas de un feriado largo de difuntos.

Para algunos representantes empresariales, no se han recogido sus recomendaciones y las propuestas que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario presentó a Moreno.

Una de las medidas que el Gobierno no había anticipado es que las deducciones de gastos personales serán de acuerdo a las cargas familiares, para personas que tengan un sueldo mensual sobre los $ 3.000.

Esto implicaría, según tributaristas y analistas económicos, que personas que ganen sobre el monto mencionado y tengan menos de tres hijos, paguen más Impuesto a la Renta (IR).

En principio, Moreno, el pasado 11 de octubre, había anunciado que se cobrará el IR en el décimo tercer sueldo a personas que ganen más de $ 3.000, desde 2018.

Con estos cambios, dice Francisco Briones, director de Investigación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Gobierno busca que más gente pague el Impuesto a la Renta.

Otra de las novedades que se han incluido en el proyecto, sostiene Santamaría, es que profesionales, comisionistas y trabajadores autónomos que facturen más de $ 300.000 al año estarán obligados a llevar contabilidad. Lo que significaría que profesionales como los médicos, en algunos casos, deberán pagar el anticipo del IR, según el tributarista.

Estas medidas buscan aumentar la recaudación tributaria, que según la proforma 2018, que ya llegó a la Asamblea, se prevé en cerca de $ 15.343 millones, que implica un 4 % más si se compara con lo esperado en este año.

Para 2018 la proforma se achicó. El Ejecutivo propone un presupuesto de $ 34.853 millones, lo que implica una reducción de $ 1.965 millones, comparada con la del año pasado.

El Gobierno apuesta por una rebaja en el gasto de inversión y capital, que tiene que ver con obra pública, en más de $ 1.000 millones, como lo había anticipado EXPRESO.

No obstante, el gasto corriente, que implica sueldos y costos operativos del sector público aumenta $ 1.750 millones, comparado con este año, es decir, 9,1 % más.

Rosa Matilde Guerrero, analista financiera y exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostiene que la proforma no tiene cambios importantes. “El gasto en personal crece 3,8 %”, sostiene.

Deducción de los gastos

En el presente año, el tope máximo para la deducción de gastos para el cálculo del IR es de $ 14.677, según el SRI.

Ese límite baja, de acuerdo con las cargas familiares (ver tabla), en caso de que la persona gane más de ocho salarios básicos unificados (SBU), es decir $ 3.000.

El cálculo actual se mantiene igual para personas que tengan tres hijos o más, o para quienes tengan entre sus cargas a personas con enfermedades catastróficas o con al menos 30 % de discapacidad.

Asimismo, para las personas que ganan hasta $ 3.000, su tope máximo se mantiene en $ 14.677.

Datos crediticios a la ‘Súper’

La Superintendencia de Bancos tendrá a su cargo el Registro de Datos Crediticios.

Este registro tendrá información individualizada de las personas naturales y jurídicas respecto de sus operaciones crediticias que se hayan contratado con entidades del sistema financiero público y privado.

César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos Privados, asegura que la Superintendencia ya tuvo esas intenciones hace tres años y, en esa ocasión, los bancos se opusieron por temas de sigilo y el temor que causó entre los usuarios.

Transacciones electrónicas

El proyecto de ley busca incentivar el uso de más transacciones electrónicas.

Se propone que todas las personas jurídicas y naturales con RUC cuenten con, al menos, un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir cobros por esta vía.

También se plantea que, en un plazo de cuatro años, las cooperativas de transporte público de ciudades que posean más de 500.000 habitantes, implementen un sistema de cobro electrónico.

Además se busca implementar el servicio de peaje electrónico.