“Un cerramiento que permita aislar y minimizar los riesgos”, esa fue la respuesta del ministro del Interior, Juan Zapata, al ser consultado por Diario EXPRESO sobre las obras que se incluyen en la asignación de $ 8.000 a $ 12.000 para las adecuaciones de 23 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas, luego de ser declaradas en emergencia.

Zapata señaló que el presupuesto fue elaborado por la Policía Nacional y este Diario intentó obtener de esa entidad los estudios en los que basó su requerimiento, pero hasta el cierre de esta edición no se dio respuesta a la solicitud.

“Si usted multiplica 23 por $10.000 en el caso que no le den menos, son $ 230.000 para una emergencia, eso es nada. Por lo general es lo primero que se piensa, pero si solo se hace el muro como medida de seguridad, estamos en problemas. Porque con dinamita no queda nada”, expresó el experto en seguridad, Daniel Pontón, quien agregó que se debe tomar en cuenta que las infraestructuras que sufrieron atentados generarán más gastos, porque hay elementos que deben ser reparados.

Las UPC simples tienen 255 m² de construcción y las compuestas 349 m², que cuentan con áreas de mediación o espacios para detenidos. Para la arquitecta Priscilla Luna, los $8.000 sí alcanzan para elaborar una estructura de hormigón armado, que incluya unas planchas metálicas, pero considera que por muy urgente no debería ser la única gestión.

“Se podría poner una aleación con acero u otros metales para que sea más reforzado, pero que no sean tan altos para que tengan visualización desde la parte interna a la externa, aunque de nada sirve si es que no hay un acompañamiento de cámaras de seguridad porque también se abre la puerta a la corrupción por parte de los malos elementos. O también, ¿de qué sirve el blindaje si al no ver el panorama completo y sufren un daño o son atacados al salir”.

Mientras que la ingeniera civil Aylín Enríquez sostiene que la medida es una decisión rápida y fácil, de acuerdo con los costos actuales, pero la obra solo comprendería las fachadas de los edificios porque “amurallar” toda la UPC implicaría más gastos en la obra.

“Es que si fuera así, no concuerda lo que dicen que van hacer con los precios, o también puede que aún no tengan claro lo que van a hacer. Yo creo que está bien que se haga el cerco completo por el bien de ellos en su trabajo, pero sería también otra prisión en un lugar destinado para la policía y ahí se pierde esa confianza y cercanía con la comunidad”, observa.

Pontón agrega que la construcción del cerramiento se “puede justificar por las circunstancias” de inseguridad que se registran en diferentes zonas del país, pero añade que este tipo de obra es el primer paso en la instalación de medidas de seguridad. Enfatiza que como plan de seguridad espera que existan más puntos como parte de un grupo de medidas, como la instalación de cámaras, vigilancia 24/7, telecomunicaciones, incremento de personal, herramientas y más.

Zapata, por su parte, no descarta que se ejecuten más obras, pero reitera que “la seguridad de los policías es ahora lo fundamental”. “Si después los presupuestos alcanzan haríamos algo más” recalca.

Luego de 23 UPC priorizadas se tienen en la mira a otras 36 que también pertenecen a las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas, es decir 59 en total, según lo dijo a EXPRESO el secretario de Estado. Luego de que este grupo de edificios sean atendidos, se tomará en cuenta a los ubicados en Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

En todo el país existen 1.579 UPC, 457 móviles y 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria.    Los servicios que se ofrecen en estos sitios van desde recibir denuncias ciudadanas, patrullajes, atender las emergencias designadas por el ECU-911, hasta la instalación de botones de auxilio, entre otros.