La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se encuentra en medio de un terremoto político del que no quiere ni enterarse. “La Fiscalía no es un órgano político, sino técnico”, repite siempre, y esa verdad irrefutable le ha servido para desentenderse de las consecuencias políticas de sus actos, que son enormes. Así ocurre, por ejemplo, con su protesta por el traslado (“arbitrario e inoportuno”, según ella; “normal y reglamentario”, según el gobierno) de 37 policías asignados a la Fiscalía: protesta profusamente aprovechada por el correísmo, a tal extremo que terminó incluida (como un caso de “obstrucción de la justicia” por parte del gobierno) en el informe de la comisión ocasional constituida en la Asamblea para tumbar al presidente de la República. O la vinculación al caso Sinohydro de Eduardo Carmigniani, abogado tanto de Guillermo Lasso como de su cuñado, Danilo Carrera: vinculación inmotivada, asegura Carmigniani, a quien admitieron una acción de protección por esta causa, pues se lo acusa de cohecho sin ser funcionario público y sin señalar a quién sobornó, cómo y por cuánto. Por no hablar del nombre con el que fue bautizada la trama de corrupción en las empresas públicas: caso Encuentro, como el eslogan de Carondelet. En medio de los engranajes de un golpe de Estado que mantiene ocupada a la Asamblea ya dos meses, hay acciones de la Fiscalía que son una fiesta para los golpistas. El paréntesis de tranquilidad política que esa circunstancia abre para la Fiscal justifica la primera pregunta de esta entrevista:

¿Cómo ha hecho usted para conservar su puesto? La mayoría correísta de la Asamblea ha planteado juicios políticos contra contralor, procurador, Consejo de la Judicatura, CPCCS… ¿Cómo lo ha evitado usted?

La fiscal lo que ha hecho es cumplir con sus funciones. Y cuando se cumplen las funciones no tienen elementos para iniciar un juicio político.

También se puede pensar que usted ha encontrado la manera de no ser tan incómoda para el correísmo en estos tiempos.

Más que no ser incómoda, se trata de no dar elementos: si cumplo con mi trabajo, no tienen un pretexto para iniciar un juicio político. No se entiende que la Fiscalía no se mueve con los tiempos de la política y por eso se nos trata de endosar cualquier cosa.

Lo cierto es que a Diana Salazar, hasta el momento, le han perdonado la vida, por más que el expresidente prófugo no pare de insultarla a diario en el Twitter: “Inepta, corrupta, cruel, malvada, de todo me ha dicho”, enumera ella. Se sabe que la mayoría correísta de la Asamblea, una vez que decide censurar y destituir a un funcionario, no necesita de motivos ni causales. Y ella sigue ahí. Por eso no falta quien cree (incluso en Carondelet) que los tiempos de la fiscal son los tiempos de la política. Y que su estrategia para defender su cargo en esta cueva de lobos en que se ha convertido la política ecuatoriana consiste en mantener abierto un caso contra cada actor político de importancia: desde el presidente, investigado por un tema de impuestos del que ella no ha dicho una palabra públicamente (“¿Por qué tendría que trascender?”, pregunta con ingenuidad sorprendente) hasta Jaime Nebot, cuyo lugarteniente J. J. Franco fue relacionado con el caso Las Torres, su casa allanada, su computadora confiscada... La fiscal desvirtúa las sospechas: “Si yo tengo noticia de la presunta comisión de un delito, debo investigar. De lo contrario estaría abriendo la puerta para que aquellos que quieren alzarse con el cargo de fiscal inicien un juicio político”. Es decir: le da la vuelta al argumento.

A este tipo de respuestas se aferra Diana Salazar, negando hasta la obstinación las consecuencias políticas de sus acciones aun ahí donde resultan más evidentes:

Usted dice que evita la política pero... ¿caso ‘Encuentro’?

Usted está dándole connotación política a ese nombre.

No. Ese nombre es un mensaje político.

Desde su punto de vista.

¿No reconoce ningún mensaje político ahí?

Es que no existe, ¿cómo voy a reconocer lo que no hay?

¿No cree que fue un error bautizar así ese caso?

En primer lugar, la Fiscalía no ha bautizado el caso. En segundo lugar, la Fiscalía bautiza no solamente este sino todos los casos le traiciona el subconsciente sin que perciba la contradicción.

Por lo demás, insiste en que sus tan criticadas demoras obedecen al aspecto más técnico de su trabajo. Cierto es que el Código Penal establece un plazo máximo de dos años de indagación previa para delitos cuyas penas superan los cinco años de reclusión. Pero ella excede ese plazo con creces: “Es insuficiente”, explica, “y le puedo poner como ejemplo el caso Sinohydro... Imagínese lo que es rastrear 76 millones de dólares. Y 76 millones que no se quedaron quietitos: fueron a Suiza, Estados Unidos, Belice, Panamá... Cuando se trata de investigaciones de carácter internacional, con estos entramados, dos años son insuficientes. Sí, el COIP establece plazos, pero no son plazos fatales”. Más aún: sujetarse a los plazos del COIP “sería irresponsable, generaría impunidad”. A esta manera de trabajar atribuye ella la buena calificación otorgada al Ecuador por el GAFI en su evaluación sobre la cooperación de los países en su lucha contra el lavado de activos. Una forma de trabajar que privilegia, dice, la efectividad a la cantidad. “Porque generalmente, a nivel regional, las evaluaciones están basadas en el número de casos, aunque después se caigan”.

Diana Salazar se precia de que “a esta fiscal no se le caen los casos”. Y dice también: “Nosotros no cometemos errores”. ¿El caso Singue? ¿El del 30S? “No los iniciamos nosotros”, sino la fiscal anterior, que pretendía la reelección y “necesitaba el aplauso de la ciudadanía”. Y desdobla un papel con el cuadro de autoridades con fuero de Corte Nacional procesadas por su despacho desde 2019. Lee: “Exasambleísta Nívea Vélez, sentenciada; exasambleísta Karina Arteaga, sentenciada; exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado; exsecretaria de Gestión de Riesgos Alexandra Ocles, llamada a juicio; expresidente Rafael Correa, exvicepresidente Jorge Glas, exministro Walter Solís...”, etc. Doce casos en total.

El último de la lista es Sinohydro, actualmente en instrucción fiscal, con un expresidente (Lenín Moreno) acusado de cohecho y otras 36 personas vinculadas: “Están todos a quienes se les ha identificado como beneficiarios de los 76 millones en sobornos que tuvieron como origen Sinohydro”, explica la fiscal. ¿Todos? No, faltan, por ejemplo, monseñor Mario Ruiz, de la diócesis de Portoviejo, y Paulino Toral, de la iglesia de Urdesa, que recibieron donaciones y no fueron vinculados. “Donaciones, usted acaba de poner el término”, responde la fiscal cuando se le pregunta al respecto. Honorarios, en cambio, es lo que dice haber recibido Eduardo Carmigniani por servicios profesionales, y aduce que fueron facturados, lo que significaría que los declaró y pagó los impuestos respectivos. Que la factura no consta en el expediente, replica Salazar. Horas después de esta entrevista, Diario Expreso conoció que la factura por honorarios, a nombre de la empresa Anges, fue remitida por el SRI a la Fiscalía.

En cuanto a los demás casos que continúan abiertos desde hace tiempo en indagación previa (los que se derivan de Odebrecht, por ejemplo, o del caso Sobornos), es inútil preguntarle a la fiscal: ella guarda el silencio que le impone la ley y se limita a responder que la cosa avanza: “Actuamos cuando estamos listos”.

¿Y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y los dirigentes indígenas que incendiaron el país en dos ocasiones? ¿No siente que tiene usted una deuda con el país debido a esa impunidad?

No tengo ninguna deuda porque estamos investigando todos los hechos que son de conocimiento de la Fiscalía.

El hecho es que estas personas protagonizaron un estallido de violencia en octubre de 2019, otro en junio de 2022 y ahora amenazan con repetir la experiencia en cualquier momento porque no hay ningún resultado judicial.

¿Que no hay resultado judicial? El señor Leonidas Iza fue objeto de un procesamiento por parte de la Fiscalía.

¿Y qué pasó?

Que un juez estableció que la detención del ciudadano no cumplía con los parámetros constitucionales y legales y se declaró la nulidad. La Fiscalía apeló y estamos a la espera de esa resolución... A diario los fiscales realizan diligencias relacionadas con los temas de octubre... Yo no reconozco ninguna deuda con nadie.

Luego ella también dirá que, con respecto a los estallidos de octubre y junio, “la tarea está cumplida plenamente”. ¿Y el caso Guamán? Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi y aliado de Leonidas Iza, hombre clave en el paro de junio, fue detenido en julio por delincuencia organizada. Sin embargo, fuentes policiales dijeron a este Diario que la investigación estuvo lista en mayo. “¡¿Fuentes policiales?!”, se indigna la fiscal: “Me voy a reír. ¿Las fuentes policiales que ahora aparecen en los audios? Yo sé qué fuentes policiales son esas y le voy a decir algo: esa información llegó a la Presidencia y esas fuentes policiales fueron desmentidas. Son aquellas personas que se han encargado de difamar, no sé con qué intereses, haciendo ver como que la fiscal es un peligro, una amenaza para la estabilidad del país, fraguando, inventando incluso hasta relaciones sentimentales”. La fiscal hace un visible esfuerzo por controlar su ira, dejando entrever una oscura trama de conspiraciones en su contra que no se permite revelar del todo.

El caso es que los policías que detuvieron a Leonidas Iza en julio del año pasado parecen más complicados judicialmente que el propio presidente de la Conaie. Pero la Fiscalía es un órgano técnico, no político, lo cual significa, en estricto sentido, que eso no importa.

Lo que sí no deja de tener un radical contenido político, del que Iza no renegaría, son las motivaciones que la fiscal, que parece resentir profundamente las críticas, explica con vehemencia: “Nos hemos atrevido a golpear viejas estructuras enquistadas en la sociedad que han generado inequidad y desigualdad. Porque solo para unos pocos es permitido apropiarse de 76 millones de dólares y después estamos reclamando a la sociedad porque un niño, que es producto de esa desigualdad, tiene que delinquir para sobrevivir... Nos hemos permitido luchar contra esto: contra empresarios poderosos, contra abogados exitosos, contra personas que estaban en el ejercicio del poder. Con seguridad me van a perseguir, con seguridad me van a insultar, pero eso solamente me fortalece”.

Eso no solo es una declaración política: es una declaración política populista.

No es populista, es realista, lo que pasa es que les duele.

¿A quiénes?

A las estructuras patriarcales.

Las estructuras no tienen sentimientos. Cuando habla de dolor está hablando de personas. ¿A quiénes les duele?

No, no, les duele reconocer que estamos llegando a los bolsillos. A mis procesados. A mis sentenciados. Ellos se sienten afectados.