El 1 de octubre el Movimiento Ruptura 25 volvió a tener personería jurídica. El aval fue otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) Transitorio, la misma entidad —aunque con diferentes integrantes— que en 2014, se las quitó mediante resolución. Esa decisión anterior quedó anulada.

¿Pero quiénes son y cómo consiguieron volver a estar en el ámbito electoral? La figura más visible de este movimiento ha sido María Paula Romo, anterior asambleísta y actual ministra del Interior.

Ella junto con otros miembros de la organización denunciaron el proceso de disolución que tuvieron ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio en mayo pasado. Desde entonces el caso volvió a tomar coyuntura, aunque el movimiento tiene trayectoria desde 2004.

Sin embargo, es en el 2011, año en el que Ruptura decide separarse de la línea del gobierno de Rafael Correa, donde los nombres de exmilitantes como Romo, Juan Sebastián Roldán, —secretario particular de la presidencia— Alexandra Ocles —secretaria de Gestión de Riesgos—, Norman Wray, quien fue candidato presidencial en 2012, salen a relucir como parte del movimiento que no estaba a gusto con Alianza PAÍS.

Desde sus redes sociales, la misma organización hace un resumen de lo que ha sido su paso por el escenario político del país. En su Twitter se describen como “un movimiento político, un proceso de construcción permanente, una provocación para trabajar por una democracia distinta, radical y profunda”.

Esa misma consigna es la que está presente en un blog —que no ha sido actualizado desde 2016— donde una de sus primeras publicaciones son los 7 principios sobre los cuales aseguran dirigen su accionar:

1. Creemos en una democracia radical y profunda, más allá de las instituciones, una democracia en todas las relaciones y en todos los espacios.

2. Creemos en un proyecto nacional solidario, incluyente, equitativo, justo y soberano, construido colectivamente.

3. Creemos en una cultura de la paz, basada en los derechos humanos como proyecto de ética y dignidad.

4. Creemos en nuevas formas de integración que fortalezcan la identidad andina y latinoamericana.

5. Creemos en la solidaridad como uno de los principios de convivencia democrática y sobre todo como un objetivo que debe buscar la acción política.

6. Creemos en la necesidad de construir un Estado Social de Derecho, es decir un Estado que intervenga activamente para generar bienestar y equidad, que redistribuya riqueza y poder.

7. Creemos que la construcción del país debe fundamentarse en nuestra diversidad cultural y en el manejo responsable y equitativo de nuestros recursos naturales, para las actuales y futuras generaciones.

A pesar de contar ahora con la aprobación del CNE, no podrán participar en las elecciones seccionales de 2019. El plazo para inscribirse y ser parte de las papeletas, ya pasó.