Las puertas de escape se van cerrando para Participacion
Jueza niega medida cautelar solicitada por Carlos Tuárez. La Asamblea sigue con el juicio político. Se plantea una nueva pregunta para eliminar el Consejo.
El panorama les es cada vez más adverso. Los integrantes de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tuvieron ayer actividad en todos los frentes que se han abierto en poco menos de dos meses desde que fueron posesionados. En el campo judicial sufrieron un revés.
Mercedes Cuastumal, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de Ibarra, negó el pedido de medidas cautelares solicitadas por el presidente José Carlos Tuárez, quien pretendía con esta medida detener el juicio político que avanza en su contra en la Asamblea Nacional.
Esta audiencia se instaló pasadas las 10:30 y se extendió por algo más de tres horas. Al parecer, Tuárez le había puesto fe a la decisión que podía tomar la jueza Cuastumal. Incluso dejó de acudir al llamado de la Fiscalía General del Estado, que lo investiga por el supuesto delito de desacato, para asistir personalmente a la diligencia en Imbabura. Al final, salió por la puerta trasera de la Unidad Judicial sin dar declaraciones.
También fueron convocados ayer a rendir versión en Fiscalía la vicepresidenta del CPCCS, Rosa Chalá, y los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez. Este último fue el único que asistió, aunque no aportó mucho a la investigación previa porque decidió acogerse al derecho al silencio.
Diego Córdova, abogado de Gómez, dijo que no cuentan con las garantías del debido proceso. El jurista aduce que la Fiscalía ha sido diligente en atender las denuncias presentadas por los asambleístas Jeannine Cruz (CREO), Raúl Tello (BADI) y el dirigente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, quienes acusan a los cuatro consejeros de desacatar una sentencia de la Corte Constitucional; pero no responde los pedidos de la defensa.
En el Legislativo, la Comisión de Fiscalización continuó ayer recabando información sobre las posibles irregularidades en el proceso de calificación de Tuárez como candidato al CPCCS para las elecciones del 24 de marzo pasado.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, repitió ante los legisladores que el pleno del organismo acogió los informes favorables de una comisión verificadora que confió en los documentos notarizados y la declaración que hizo Tuárez sobre su profesión, omitiendo que es sacerdote, y los cargos que habría ocupado, sin verificarlos.
Esta versión dejó preocupados a asambleístas como Fausto Terán, quien cuestionó que no haya existido un cruce de información y sugirió que a estas comisiones, más que ‘de verificación’, se las debería llamar ‘de recepción de documentos’.
Casi a la misma hora, en la Corte Constitucional se abría un frente más para el CPCCS. El Comité por la Institucionalización Democrática, que está liderado por Pablo Dávila, exconsejero del CPCCS de transición, presentó dos preguntas para que se califique su constitucionalidad y llevarlas a una consulta popular (ver gráfico).
La primera interrogante hace referencia justamente a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la transferencia de sus funciones a otras entidades del Estado como la Asamblea Nacional, bajo un sistema bicameral.
Este no es el único pedido de este tipo que se tramita en la Corte Constitucional para eliminar al CPCCS. El movimiento político Ahora hizo una consulta similar a los jueces constitucionales y está a la espera de que el pleno del organismo se pronuncie para, en caso de obtener una respuesta favorable, empezar a recoger las firmas que impulsen la consulta popular.
Comparecencia
Las omisiones alcanzan a tres instancias estatales
Las omisiones alcanzarían a tres instancias estatales. César Cárdenas, que es parte de la Comisión Anticorrupción en Guayas, estuvo ayer en la Asamblea.
En la Comisión de Fiscalización señaló que no solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) ignoró las alertas que hizo sobre los documentos presentados por Tuárez.
El activista aseguró que también acudió al Consejo transitorio para explicar su denuncia, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Horas antes de la posesión de Tuárez en la Asamblea, envió una carta pidiendo que no se lo incluya en el acto, pero los legisladores también habrían ignorado su advertencia.
