El Partido Social Cristiano emitió un comunicado para informar que se analiza un proceso disciplinario en contra del asambleísta Luis Almeida. El legislador votó a favor del informe que trata la Comisión del Derecho al Trabajo, de la Asamblea, para reformar la Ley de Servicio Público que, entre otros temas, aborda el derecho a la pensión vitalicia a los exmandatarios. Tres asambleístas correístas, uno independiente y Almeida mostraron su apoyo.

Esta postura ha generado cuestionamientos porque, de aprobarse el cambio, exmandatarios como Rafael Correa y Jorge Glas podrían volver a cobrar la pensión, ya que en la Ley actual se establece la prohibición de ese derecho a funcionarios de esos rangos que hayan sido sentenciados por la justicia, disposiciones vigentes desde una reforma reciente.

"En tal sentido, el voto emitido por el parlamentario Luis Almeida en la Comisión que trata el derecho de los exmandatarios a recibir una remuneración vitalicia, de ninguna manera responde a los principios y postulados permanentes del PSC, sino más bien los contraría. Las posiciones políticas individuales, y no consultadas con la coordinación del bloque, que ejerce el legislador Esteban Torres, activarían, de oficio, los procesos disciplinarios correspondientes.

De acuerdo con el comunicado, en el artículo 18, literal E del Estatuto del Partido Social Cristiano, se establece que "le corresponde a la Directiva Nacional del Partido: 'Orientar la acción política de los parlamentarios del partido, y en general la de todos los afiliados que desempeñen una función pública, sea o no de elección popular, de manera que se observe la indispensable disciplina partidista. salvo en los casos excepcionales en que se haya concedido libertad de decisión'".

"El incumplimiento de este mandato estatutario conlleva la aplicación de muy severas sanciones a quienes incurran en esta conducta. En consecuencia, es pertinente y apegado a sus facultades reglamentarias, el comunicado emitido por la presidencia nacional del Partido Social Cristiano, ratificando la decisión y orientación de la Directiva Nacional sobre la actuación política de los asambleístas del bloque del PSC y aliados".

Consultado por EXPRESO, el legislador Almeida comentó que no le consultó al partido su posición al respecto y tampoco existía una orden de hacerlo. “No he consultado al partido porque no me ha dicho que lo consulte... No hay una posición del partido en el que hayan ordenado hacer esto. Recuerde que los legisladores somos pensantes”. Sobre el análisis que hizo para emitir su voto sobre un informe que claramente beneficia a exmandatarios sentenciados por la justicia, respondió: “No vi ningún problema al momento porque en realidad leyeron ahí el informe y, bueno, algunas cosas estaban bien. No hay nada malo que se discutan los temas”.

Ante la posibilidad de ser blanco de un proceso disciplinario, el legislador comentó que solo es un aliado y no afiliado del PSC: "¿De qué me pueden juzgar? No he hecho ninguna cosa incorrecta. Usted verá mi voto cuando en el pleno se decida".

El informe, aprobado el 6 de septiembre pasado por la Comisión del Derecho al Trabajo con el voto favorable de Almeida, de tres legisladoras del correísmo (Pamela Aguirre, Marcela Holguín y Johanna Ortiz) y de un independiente (Eckenner Recalde), propone modificar el artículo 135 de la Ley de Servicio Público eliminando dos excepciones para quienes pueden gozar de estas pensiones vitalicias. Una de ellas, y la que concentra el debate, es para aquellos exmandatarios sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o violencia sexual. Rafael Correa y Jorge Glas están sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012 - 2016.