“Me han robado algunas veces. En una ocasión, dos delincuentes me pusieron un cuchillo en la barriga y me quitaron el celular que había comprado 20 minutos antes. Meses después, otro maleante —navaja en mano— me abordó afuera de un ‘mall’ y me dijo que le diera el teléfono. Tengo mala suerte con los celulares...” —Mario Valiente.

Ni los legisladores ni el Gobierno han planteado nunca la inseguridad como un problema de Estado. Pese a haberse armado de mil planes y aunque aseguran que las cifras muestran un descenso de los delitos, todos los intentos para erradicar el problema en Guayaquil y en el país resultan ineficaces.

Al general Marcelo Tobar, comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, le gusta hablar con estadísticas de este tema: “Tenemos una disminución de delitos con respecto al año pasado de al menos el 3,8 %. Eso significa menos 561 delitos en el mismo período: 14.726 en 2016 y 14.166 hasta septiembre de 2017”.

Henry Cucalón, asambleísta por Madera de Guerrero, preside la Comisión de Justicia y plantea una amplia reforma del Código Orgánico Integral Penal, con cambios a más de 200 artículos sobre corrupción, inseguridad y endurecimiento de las penas. Alineado con el alcalde Jaime Nebot ve urgente que no se permita la reducción de penas en delitos graves.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, cree preciso analizar qué sucede con el 32 % de los delitos flagrantes que terminaron con una sentencia de ratificación de inocencia.

Pero, hasta ahora, son solo planes. Y el miedo ciudadano persiste, tanto en zonas humildes como en sectores pudientes, que se decían seguros.

Otro de los ejemplos más representativos de estos manotazos de ahogado es la reiterada y fallida “intervención” que la Policía y otros ministerios han realizado en Socio Vivienda, el plan habitacional del Ejecutivo ecuatoriano que está ubicado en el noroeste. Los habitantes del sector, donde se registran al menos tres asaltos por semana, se han cansado de pedir a las autoridades que tomen el control.

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