Las protestas dejaron 129 procesados, durante 2015
Proceso. Los reparos del defensor público, Ernesto Pazmiño, a las supuestas anomalías en el sistema de justicia motivaron un pedido de explicaciones desde la Asamblea Nacional.
Ataque o resistencia. Esa es la acusación más frecuente en contra de los detenidos en las protestas del año pasado. La paralización del servicio público también es recurrente.
Por esas figuras han sido procesadas al menos 129 personas en 10 provincias, según información proporcionada por la Fiscalía General.
La mayoría de los involucrados está en libertad porque contó con medidas sustitutivas, cumplió su pena, pagó una caución, hizo labor comunitaria, no recibió acusación o se archivó su caso.
La condena más alta por estas acusaciones fue de cuatro años. Luisa Lozano y Amable Angamarca recibieron esa sanción por la participaron en protestas de agosto de 2015, durante el levantamiento y el paro convocado por indígenas y trabajadores. El resto de penas no supera el año.
El caso de Luisa y Amable fue llevado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es parte de un pedido de amnistía a la Asamblea.
El reporte de la Fiscalía muestra que entre los elementos presentados, en el caso de ataque y resistencia, se detalla que los manifestantes agredieron con palos y piedras a los policías. Se exhiben informes médicos de los uniformados.
A pesar de ello, los familiares de los policías agredidos consideran que no existe ninguna causa judicial por la violencia durante las manifestaciones. Ana Cuenca y Rosa Suárez pidieron, en la Defensoría Pública, que “se haga conciencia ciudadana” sobre el rol de los uniformados y sus derechos. MCV
