Los grandes capitalistas invierten en Ecuador tras un profundo y detallado análisis. Los extranjeros, luego de revisar el riesgo país y el marco jurídico. Los nacionales, aplicando además el olfato desarrollado tras décadas de inestabilidad política y económica, falta de transparencia judicial y carencia de estadísticas oficiales fiables.

Pero la inversión a pequeña o mediana escala, la de la microempresa y la del emprendedor o del ciudadano común, sobre todo en bienes inmuebles en propiedad horizontal, afronta una amenaza adicional: el incumplimiento o la alteración por parte del promotor inmobiliario de las condiciones en que se adquirió la propiedad.

Ningún sector de Guayaquil y su área de influencia está libre de estos problemas y cada vez son más frecuentes las quejas de propietarios sorprendidos por los cambios inconsultos que se dan meses o años después de haber comprado un departamento, una oficina o un local comercial, cuando ya no es posible reversar una negociación.

La reducción y eliminación de áreas comunes y zonas verdes que pasan a convertirse en el espacio donde se levantan nuevas edificaciones; el incremento en la densidad de ocupación de las instalaciones sin los cambios estructurales requeridos para no afectar la provisión eficiente de servicios básicos; plazas de estacionamiento insuficientes para satisfacer las necesidades de parqueo debido a los nuevos proyectos que el mismo promotor responsable de los anteriores va desarrollando; bloqueo y desaparición de calles internas en urbanizaciones privadas y en complejos comerciales, son algunas de las irregularidades que se registran en el ámbito inmobiliario.

La adquisición de bienes raíces es considerada a nivel mundial la inversión más segura y también una de las más rentables debido a la plusvalía. Guayaquil y el país no pueden ser la excepción. Para garantizarlo, los municipios, ejerciendo su competencia, deberán realizar un control mucho más estricto a la hora de emitir permisos de construcción, verificando que se cumplan todas las normas de edificación vigentes; y que en los nuevos proyectos, ya sea en terrenos baldíos o en una zona con desarrollo inmobiliario existente, cualquier modificación a los planos se haga en completo apego a la ley, principalmente en aquellos correspondientes al régimen de propiedad horizontal.