Carmen Abad tenía dos matas de mango frondosas afuera de su casa. Hoy, allí solo hay polvo. A finales de junio llegaron trabajadores con maquinarias un día y las sacaron. “Es que vamos a ampliar esta calle”, le avisaron. Ella no pudo ocultar su enojo. Después de todo, eran sus plantas, las que le daban sombra, las que hacían menos insoportable el calor de Guayaquil.

A lo largo de esa avenida, que está en proceso de ampliación, se retirarán y replantarán 88 árboles. Según un sondeo realizado por EXPRESO en la zona, la mayoría de moradores desconocía los cambios.

Aquello, desde abril del próximo año, no podrá repetirse.

El Código del Ambiente cuenta ahora con un artículo que obliga a los Municipios a consultar con la ciudadanía la remoción de los árboles.

La nueva cláusula la inspiró Guayaquil, con el hecho ocurrido en diciembre de 2015, cuando, vestidos de luto y armados con pancartas, decenas de universitarios y activistas de 18 colectivos ecológicos marcharon por La Atarazana contra el retiro de 44 árboles de esa ciudadela.

Protestaron, entre otras cosas, porque el Cabildo no consultó -o al menos no lo suficiente- esa decisión con los moradores. Ocurrió lo mismo en la avenida José María Egas.

Entre quienes lideraban la cita de hace dos años estaba el experto en urbanismo Luis Alfonso Saltos, asesor en la comisión de biodiversidad y recursos naturales de la Asamblea, quien al año siguiente, y a propósito de este hecho, impulsó la inclusión del artículo.

Saltos asegura que fue la polémica de 2015 la que inspiró el artículo 155 del Título VII, capítulo N, sobre el manejo responsable del arbolado urbano, que, entre otras especificaciones, sostiene: “El Municipio tendrá la obligación de consultar a los ciudadanos a quienes afecte” la remoción de árboles. “Si no están de acuerdo, podrán pedir una acción de amparo al ministerio. La idea es que no se deje de lado a la gente”, explica Saltos.

La cláusula, en casos como el que ahora viven los moradores de la José María Egas y La Puntilla, que removerá 600, obliga a la entidad a consultar con cada morador y a tener en cuenta otros parámetros, como estudios técnicos que justifiquen la medida.

El director de Áreas Verdes del Municipio, Abel Pesantes, aclara que el proyecto de la José María Egas sí se socializó con los moradores. En 2015 “se convocó a una asamblea, se mostraron los impactos ambientales y se comunicó que el proyecto iba a realizarse en la zona”.

“No se puede no hacer una obra de este tipo si los vecinos no están de acuerdo”, recalca, y recuerda que para la remoción de arbolado urbano “siempre es necesario, por ley, coordinar con el Ministerio del Ambiente”.

Algunos vecinos en Sauces, sin embargo, no se enteraron de la obra hasta el día en que llegaron las maquinarias a tumbar los árboles. Los trabajos, aún en proceso, responden a la repavimentación y ampliación a seis carriles de 490 metros de la avenida.

En 2015 el anuncio a los moradores fue con panfletos, recuerda indignado Saltos. “Vamos a hacer esto. Punto. ¿Esa es la forma en que se genera la participación ciudadana en los proyectos que afectarán directamente la calidad de vida de un sector? En cualquier otra parte del mundo aquello podría implicar hasta demandas”.

Los árboles con copas frondosas, explica este urbanista, generan microclimas que mejoran la calidad de vida del barrio. Por eso removerlos debe ser, siempre, la última opción. De ahí que el artículo exija un análisis técnico que justifique sacarlos de su lugar.

El año de gracia hasta que ese artículo esté en vigencia permitirá a los Municipios crear ordenanzas que faciliten el cumplimiento del artículo, advierte el experto, quien aconseja que “lo óptimo es reunirse con la comunidad y asegurarse de que todos, todos, remarca, estén presentes y sepan lo que se hará, ya que le están modificando todo el escenario”.

Este artículo, según el experto en urbanismo David Hidalgo, necesita de voluntad política, con una visión técnica y planificada en el desarrollo de ciudades, que entienda que la ecología urbana es uno de los componentes más importantes para mejor la calidad de vida de las personas. El alcance dependerá de las políticas urbanas de cada alcaldía.

Un análisis técnico será necesario

El artículo 155, del título VII, capítulo N, del Código Orgánico del Ambiente, sostiene: “Toda práctica silvicultural de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos, que pueda disminuir el número de árboles, deberá considerar un análisis técnico que justifique su acción y contemple una propuesta alternativa, que entre otros criterios, incluya actividades de repoblación de la misma cantidad de árboles reubicados o eliminados”.