La proforma exhibe sus costuras

“¿No será que crece un poco más?”. Al presidente de la Comisión parlamentaria de Régimen Económico y Tributario, Pabel Muñoz, las proyecciones de crecimiento económico presentadas por la gerente del Banco Central, Verónica Artola, lo bajaron por un tubo: 0,7 %. No le gustó ese número, así que se puso a regatear con ella como si estuviera en el Gran Bazar de Estambul. Abordado por los periodistas en la puerta de la sala de sesiones, él había lanzado una cifra más optimista: 1,4 %. El doble, tal como preveían las autoridades económicas de Correa, entre las que se encontraba él mismo. Ahora se topaba con la cruda realidad: había cambiado el Gobierno.

Ayer fue día de comisiones generales en la Comisión de Régimen Económico. Las autoridades financieras acudieron para explicar los pormenores de la proforma presupuestaria. A la gerente del Banco Central y al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, les tocó el turno de la mañana. No aportaron novedades a lo que ya se conoció el 4 de agosto, cuando la proforma fue publicada y enviada a la Asamblea para su tratamiento urgente. Y evitaron, para sorpresa de la oposición, el lenguaje tremendista de crisis inminente utilizado por Lenín Moreno en cadena nacional.

“Ecuador enfrenta un panorama complejo en el que hay que corregir las cuentas fiscales”, fue lo máximo que aventuró el ministro. Pero, para incrementar el nerviosismo de Pabel Muñoz, matizó aún más la ya magra cifra del crecimiento previsto: “si alcanzamos un crecimiento del 0,7 % será un éxito de la economía”, dijo. “Si alcanzamos”: un condicional devastador para los correístas.

La sesión estuvo signada por la presencia de un grupo de dirigentes de los jubilados que exigía el pago de sus pensiones atrasadas y captó todas las atenciones de la demagogia parlamentaria. Cada uno de los integrantes de la Comisión, a su turno, habló para la barra, que respondió con cálidos aplausos cada vez que alguien pronunciaba la palabra ‘jubilados’. Quien más brilló en este desempeño fue Wilma Andrade, de Izquierda Democrática. En la que se suponía una reunión técnica, ella lanzó un encendido discurso político de tarima: que la deuda del seguro social es una responsabilidad del Gobierno para con los jubilados (“res-pon-sa-bi-li-dad”, dijo acentuando cada sílaba con firmes movimientos de la mano); que son ellos, los jubilados, los únicos que pueden enseñar a este país a recuperar valores, a rescatar la dignidad, a redimir a la patria... Y así: bla, bla, bla. Y los jubilados: clap, clap, clap.

Mae Montaño, del movimiento CREO, estuvo mucho más atinada en sus señalamientos. Exigió cifras concretas; se extrañó de que la proforma presentara los gastos por sectores y no por ítems, y pidió desglosar todas las cuentas. Se preguntó si los ingresos tributarios no estaban sobreestimados; encontró preocupante que, en un presupuesto de 36.818 millones, se destinaran 10.000 millones al servicio de deuda: casi un tercio; la mitad del gasto permanente. Y lanzó una pregunta retórica: “¿Cómo podemos resolver los problemas creados por un modelo económico aplicando el mismo modelo y con los mismos funcionarios?”.

Pero hay algo que sí ha cambiado, y el ministro lo hizo notar. Tiene que ver con la transparencia: por primera vez en muchos años “las cifras que no se han estado publicando” (pronunció estas palabras y Pabel Muñoz se movió incómodo sobre su asiento) se están entregando puntualmente.

El lunes se repiten las comparecencias. Ese día, el ministro De la Torre rendirá explicaciones sobre la deuda pública.

El anuncio

La refinería seguirá costando

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, admitió que los problemas de funcionamiento de la Refinería Esmeraldas pueden obligar a las autoridades económicas a reajustar el presupuesto.

“Si esas deficiencias se cubren con importación de derivados –dijo– habrá que calcular esos nuevos gastos”.

Tampoco está contemplado en el presupuesto los costos que implicará el imprescindible arreglo de la supuestamente repotenciada refinería, que costó 2.134 millones de dólares.