Caso. Marcelo Larrea y Michel Aulestia en la presentación de la denuncia.

El proceso electoral con migrantes, cuestionado

CNEPapers. Los denunciantes abrieron una página denominada cnepapers.net para la consulta de lo que denominaron el ‘fraude más grande de la historia’

La oposición sigue sumando dudas sobre la transparencia de los procesos electorales. Esta vez, las organizaciones políticas auparon una denuncia de supuestas irregularidades en la participación de los migrantes.

Como siempre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la acusación. Juan Pablo Pozo, titular del organismo, incluso fue a la Fiscalía para pedir que investigue el presunto fraude con el voto de los residentes en el exterior.

Lo hizo tres horas después de que William Murillo, exsecretario nacional del Migrante, expusiera los casos que, a sus ojos, son irregulares.

Según el exfuncionario gubernamental, los migrantes no están habilitados para votar en elecciones para alcaldes, prefectos y concejales. Pero, según sus proyecciones, 330.124 migrantes votaron ilegalmente en las elecciones de 2014.

¿Cómo lo descubrió? Fue casualidad. Él acompañó a su madre, residente en el exterior, para obtener su certificado de votación. Ella lo recibió sin pagar la multa. Aparecía como votante en las elecciones del 2014, aunque ella no sufragó.

Pozo dice que eso no es prueba de nada. Una de las posibilidades para evitar el pago de la multa es que la persona sea de tercera edad, dijo.

Pero Murillo –acompañado por los representantes del Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral–, exhibió una carpeta con unos 100 nombres en los que existirían inconsistencias. Son, dijo, “pruebas que demuestran que en las elecciones seccionales de 2014 ‘les dieron votando’ a los migrantes ecuatorianos que viven en el exterior”.

Mencionó, por ejemplo, a los periodistas Emilio Palacio y Galo Arellano, o los futbolistas Renato Ibarra y Jefferson Montero.

¿Cómo hizo su investigación? En una muestra de 5.683 ciudadanos que constan en el padrón de migrantes, “el 92 % aparecía en los registros del CNE habiendo votado en las últimas elecciones seccionales”.

Con ese porcentaje hizo una proyección y concluyó que cientos de miles de migrantes fueron víctimas de fraude.

Investigar las supuestas anomalías le tomó un año. Consiguió los documentos en el portal estatal Dato Seguro -aunque aseguró que, ahora, esa opción de consulta está desactivada-. Todas las personas involucradas tendrían certificados de votación a pesar de estar impedidos.

Pero Pozo insiste en que la existencia del certificado no significa que la persona votó.

El CNE tenía listos los documentos para responder a la acusación. Pozo dijo que conocían la presentación de la denuncia y, por eso, se prepararon. El documento llegó incluso a una persona que dijo ser periodista e increpó a Murillo con una copia que certificaba que la madre del denunciante no había votado.