La situación de Venezuela no es tan solo un problema regional, se convirtió en un acontecimiento mundial. A las conocidas repercusiones en el ámbito latinoamericano, como aquellas relacionadas con el desplazamiento de millones de habitantes de esa nación, la crítica situación que deben afrontar los países vecinos y cercanos para solventar los requerimientos de esas oleadas en riesgo y la reacción creciente de colectividades que sienten amenazadas sus posibilidades de trabajo, expresada en actitudes discriminatorias y hasta de violento chauvinismo, como las que se han dado en varias localidades limítrofes de Brasil, se añaden hechos que ubican la responsabilidad del gobierno venezolano en el ámbito delictivo de crímenes de lesa humanidad y de delincuencia de alcance universal.

En ese sentido ha sido interpretado el comportamiento chavista por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, que han pedido a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya inicie una investigación al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Las comparecencias de algunos de los presidentes de esas naciones han sido contundentes, y su posición ha ido ganando terreno en la opinión pública, hasta llegar a la convicción de que con ese corrupto, autoritario y atrabiliario gobierno no hay posibilidades de acuerdo o negociación alguna. Creer lo contrario, en las graves circunstancias por las que atraviesa la sociedad venezolana, y en una situación cada vez más clara de violación de los derechos humanos, no es sino una incomprensiva actitud que ubica a estos en un segundo lugar frente a una supuesta soberanía, que no es sino pretexto de criminal y depredadora dominación.

La posición de Ecuador debe ser consecuente con la defensa incondicional y valiente de la democracia y las libertades individuales de los ciudadanos del mundo. Así, por más que se difundan cuestionamientos o declaraciones de descontento, si estos no se traducen en actitudes firmes quedarán como simple retórica. No hay razones válidas para dejar de hacerlo.