La publicación colombiana InSight Crime (marzo de 2018) señala que “En el hampa colombiana actual, la producción de cocaína y el tráfico y despacho interno lo manejan grupos territoriales locales, que por lo general controlan apenas uno o dos eslabones de la cadena de suministro. [...] Si los mexicanos pueden establecer relaciones directas con los diversos actores territoriales, trabajando como sus propios intermediarios para crear sus cadenas de suministro, entonces pueden deshacer su dependencia de los traficantes y aumentar exponencialmente sus ganancias. Esa estrategia explicaría las informaciones de que los mexicanos están financiando grupos criminales locales, comprando directamente de los nodos de producción y organizando sus propios despachos internacionales.

Siguen trabajando estrechamente con traficantes consolidados, especialmente los de epicentros del tráfico, como Medellín y Urabá. Pero, en otras regiones, como Nariño al suroeste, parecen estar prescindiendo de intermediarios y trabajando directamente con los actores territoriales, sobre todo con los nuevos grupos mafiosos ex-FARC”.

En esta frontera se debe formular y ejecutar una estrategia integral de presencia de los Estados que vincule desarrollo económico, bienestar social y aspectos de seguridad ciudadana y disuasión militar, de forma conjunta. La postpaz colombiana sigue siendo todavía un proceso frágil que se puede quebrar, existen muchos actores que conspiran permanentemente contra ella.

Además, se deben homologar legislaciones para controlar las economías subterráneas creadas por el narcotráfico y otras actividades delincuenciales existentes; lo que debe traducirse en la existencia de una administración de Justicia integrada y con todos los servicios.

Que las fuerzas públicas conjuntas, aparatos de inteligencia integrados como funcionarios de Justicia puedan operar en la ‘línea de frontera’ de ambos países, en la lucha contra las organizaciones criminales.

Y priorizar en las áreas fronterizas políticas económicas y sociales que generen empleos decentes e ingresos adecuados a sus poblaciones, particularmente a los jóvenes.