Las víctimas mortales de la violencia e inseguridad de un país, aparte de sumar las cifras de criminalidad, restan a la economía. Como los presos. Ni unos ni otros pueden ya contribuir con su trabajo a la actividad económica nacional. Son dos de los factores que el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido en cuenta en su último informe publicado en febrero de 2017, para estimar el impacto de la violencia en el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe.

Las cifras que miden también el gasto presupuestario del Estado o el costo en seguridad de las empresas dan cuenta de una factura costosa que merma en Ecuador un 3,35 % del Producto Interno Bruto anual. Eso equivale, siempre según las estimaciones del BID, a un costo de 6.083 millones de dólares al año para todo el país o de 379 dólares por persona al año.

El informe coloca a Ecuador por delante de Colombia y México, siendo el país al que más recorta el PIB de Sudamérica, con excepción de Brasil. Los demás de Centroamérica están por delante de Ecuador.

El informe que trata de ser lo más real posible al medir el impacto económico de la inseguridad no es más que una compilación de cifras sobre una realidad en la que se manejan los ciudadanos, en general, y las empresas.

Las grandes industrias ecuatorianas gastan decenas de miles de dólares al año para protegerse de la criminalidad. Y lo hacen, considerando todos los aspectos de su cadena productiva: desde la vigilancia de la planta hasta el transporte o la reputación de sus empleados.

Cada fuga es susceptible de unas pérdidas imprevistas que no pueden convivir en el presupuesto con los gastos en seguridad. El gerente general de Cuport Empresa de Seguridad, Jorge Villacreses, detalla a EXPRESO para qué sirve y cuánto cuesta (ver más abajo) contratar los principales servicios que ofrece su empresa de seguridad privada.

Y Jaime Lanata, gerente de Lanata Operadores Logísticos, da buena cuenta de la importancia de la seguridad para cumplir con sus clientes en el transporte y del costo que esto supone. El 40 % de su negocio es la credibilidad de dar un buen servicio y seguro a quienes necesitan transportar mercancías; los costos en protección equivalen al 10 % de los ingresos.

La carga se protege con dispositivos de localización, con custodias, con pruebas antinarcóticos y con todo lo necesario, en función de su valor. Cuando supera los 80.000 dólares, cuenta Lanata, exige custodia armada e incluso el seguimiento de un vehículo de incógnito.

Lo importante es asegurar la llegada a buen puerto de mercancías que, como el atún, el cacao, las flores o los electrodomésticos, son muy apetecidas por la criminalidad por su alto costo y la facilidad de recolocarlas en el mercado.

Pero las empresas saben que no solo deben preteger el producto de su negocio, sino que las medidas de precaución se extienden a los empleados.

El gerente de la empresa de seguridad explica que también se ofrecen servicios de polígrafo y pruebas de laboratorio para ratificar el buen comportamiento de sus empleados y evitar que sean influidos por los delincuentes, a través del consumo de drogas. Lanata ratifica este control que les lleva incluso a investigar y repasar las condiciones de vida y domicilio de sus empleados.

Las dos empresas son la cara y la cruz de unas cifras de criminalidad que traspasan los informes y llegan al tejido industrial. Unas requieren protección y otras lo ofrecen.