ha quedado definido el panorama electoral y hay dos opciones: o bien se sigue el camino conocido, trazado en los últimos diez años, o se dan cambios de dirección que marquen nuevos rumbos y opciones para el país.

El candidato de Alianza País ha sido enfático en decir que habrá continuidad en la gestión, salvo la promesa de una tregua en materia tributaria para brindar mayor certeza a los agentes económicos.

Por su parte, los candidatos de la oposición han tomado posiciones que van desde la “revisión” (no definida) de algunas de las medidas y leyes adoptadas, hasta la presentación de plataformas de política que incluyen la eliminación de cargas tributarias, la fiscalización de las acciones del presente régimen y la articulación de planteamientos poco detallados respecto de bajar el gasto público, refinanciar la deuda, crear plazas de empleo, y subir los sueldos y salarios.

La discusión, en otras palabras, es aún superficial. Entretanto, hay un profundo descontento con el rumbo del país: con un fisco en punto de quiebre; una economía que proyecta tasas nulas de crecimiento para el próximo quinquenio; y un Gobierno asediado por la corrupción, que busca por todos los medios mantener las riendas del poder.

Los remedios deben pasar por el necesario ajuste fiscal (que es más fácil decir que hacer), la pérdida momentánea de recursos (mientras dura la transición), la creciente oposición política (originada desde los beneficiarios del régimen), la falta de acceso a recursos crediticios, y los menguantes ingresos petroleros.

Son temas de fondo que no pueden ser resueltos científicamente ni en un ambiente de sosiego. Es por ello que se requiere que, quienes aspiran a gobernar, muestren la solvencia para discutir estos temas, y no simplemente lancen proclamas y promesas fáciles desde las tarimas.

Si el país quiere cambiar, uno de los puntos de inicio deberá ser la forma de hacer política. Para ello, la articulación de las posiciones contrapuestas es necesaria. El contraste de ideas debe, necesariamente, reemplazar a la propaganda atosigante de Gobierno, y a la pretensión de muchos entes políticos de manipular a la opinión con argumentos que hace rato perdieron sustento.